La vivienda en España: un reto social que exige compromiso público

Surge entonces la pregunta lógica: ¿estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria? Según el consenso de expertos y organismos como el Banco de España, la respuesta es negativa. La situación actual difiere sustancialmente del contexto pre-crisis de 2008, cuando se llegaban a construir 650.000 viviendas por año para una demanda de 320.000 hogares. Hoy en día, la necesidad real se sitúa entre 150.000 y 200.000 viviendas anuales, pero la oferta apenas alcanza entre 100.000 y 112.000 unidades, generando un déficit acumulado superior a 600.000 viviendas que se reducirá gradualmente, persistiendo hasta 2037, según FUNCAS.

El Banco de España confirma que el aumento de hipotecas, que creció un 24,2% en el primer semestre del año, responde a una demanda auténtica y no a un fenómeno especulativo. Los bajos tipos de interés favorecen el acceso a financiación para compra frente a unos alquileres que continúan siendo inasequibles para muchos. Sin embargo, advierte sobre un cierto sobrecalentamiento: los precios podrían estar entre un 1,1% y un 8,5% por encima del equilibrio a largo plazo.

La realidad es que España sufre una crisis estructural de oferta, impulsada por el crecimiento demográfico, con la inmigración como su principal motor, junto al incremento de hogares unipersonales, la presión turística, la escasez de suelo urbanizable y el encarecimiento de los costes de construcción. Estos factores mantienen el empuje sobre la demanda que no se ve satisfecha por la oferta. En el mercado del alquiler, la disminución del stock de viviendas responde, principalmente, a la incertidumbre legal por la nueva Ley de Vivienda, la limitación de precios en zonas tensionadas y el traslado de muchos propietarios hacia modalidades como el alquiler temporal o vacacional, más rentables y menos regulados, que unido al temor creciente a la okupación o la «inquiocupación», contribuyen aún más a la escasez de viviendas disponibles para arrendar, elevando aún más los precios.

Esta presión constante encarece la vivienda, limitando su accesibilidad. Los datos del Banco de España indican que comprar una casa puede suponer un esfuerzo de más de 7,5 años del salario bruto medio familiar, frente a los 4,5 años requeridos hace veinte años. En el caso del alquiler, Eurostat posiciona a España entre los países europeos donde el 25% de los inquilinos destina más del 40% de sus ingresos a este gasto, reflejando una elevada carga financiera. El efecto negativo va más allá del acceso. La alta proporción del presupuesto familiar destinada a la vivienda reduce de manera significativa la capacidad de ahorro, limitando la posibilidad de enfrentar imprevistos, invertir en formación, emprender o preparar la jubilación. Esta situación genera un escenario de preocupante precariedad financiera que compromete el bienestar presente y futuro de un número cada vez mayor de ciudadanos. Entre los colectivos más perjudicados se encuentran los jóvenes, cuya edad media de emancipación se ha retrasado a los 30,4 años (Eurostat) debido a condiciones laborales precarias y salarios bajos que dificultan disponer del ahorro necesario para la adquisición de una vivienda. Asimismo, las personas en situación de vulnerabilidad y las familias monoparentales, que cuentan con menos recursos y mayores dificultades para acceder al crédito. Los inmigrantes suelen verse relegados a los segmentos del mercado de alquiler más tensionados y con condiciones precarias. Finalmente, las personas mayores y con discapacidad requieren viviendas adaptadas, cuya oferta es insuficiente y más costosa, agravando aún más las barreras para su acceso.

Esta exclusión dual —imposibilidad de acceder a una vivienda adecuada y limitación en la capacidad de ahorro— está consolidando desigualdades profundas en la sociedad española. La oferta de habitaciones en pisos compartidos ha subido un 25% interanual. Por tanto, la vivienda no puede concebirse únicamente como un bien de mercado. Es un bien preferente que demanda una respuesta pública sólida. Actualmente, España destina solo un 2,5% de su parque inmobiliario a vivienda social, cifra muy por debajo del 20% de países como Austria o Países Bajos. La falta de vivienda pública es la principal causa del actual desequilibrio. Para revertirlo, es imprescindible una política de vivienda integral, coordinada entre administraciones y basada en compromisos presupuestarios sostenidos a medio y largo plazo. Entre las medidas urgentes destacan la ampliación del parque público mediante construcción y rehabilitación, la recuperación de viviendas vacías para usos sociales, la regulación justa del alquiler en zonas tensionadas que proteja a inquilinos y propietarios, junto a una fiscalidad más favorable para ambos, el acceso a financiación asequible para colectivos vulnerables, y la aplicación de criterios de sostenibilidad y accesibilidad acorde a los retos sociales y medioambientales actuales.

Garantizar el acceso a un hogar digno es un derecho fundamental en toda democracia avanzada. España no atraviesa una burbuja inmobiliaria, sino una emergencia habitacional estructural que limita derechos, reduce la capacidad de ahorro e inversión, acentuando las desigualdades. Es fundamental aumentar la vivienda pública, aplicar regulación equilibrada, mantener inversión constante y demostrar voluntad política real, pasando del discurso a la acción mediante planes integrales con recursos adecuados y visión de futuro. La vivienda es una prioridad que no puede esperar.