Llueve sobre mojado en la Administración de Justicia

Esta carencia de medios se ha subsanado en parte al ampliarse la planta durante estos últimos años, con la creación de plazas de refuerzo de modo que cada sección penal cuente con al menos 4 magistrados. De igual modo en la única sección civil se ha ampliado la planta pasando de 4 a 6 magistrados, si bien por razón de una reforma que hizo el Ministerio de Justicia para ahorrarse un nuevo Letrado de la Administración de Justicia por la creación de una nueva sección (lo que ocurría cada vez que se alcanzase el número de tres magistrados) no se creó otra sección, de modo que esta misma conoce de todos los asuntos civiles con independencia de su materia, sea familia, o mercantil o civil. Contrasta esto con la planta de Granada que les permite ir al día sin el retraso de la sección civil de Almería, pese al esfuerzo de sus componentes. En efecto, en la ciudad de la Alhambra hay tres secciones civiles divididas por materias como son familia, otra especializada en asuntos mercantiles y finalmente otra que conoce de asuntos civiles sin especialidad.

Como es natural esa especialización en dicha provincia facilita un mejor estudio de las materias que son de su competencia y una mejor respuesta a las demandas de resolución de estos litigios, puesto que al menos son 9 los magistrados destinado al orden civil, frente a los 6 de Almería, con una única sección por la tacañería del Ministerio y, en el caso particular de esta ciudad, además por el empeño de algunos de mantener una única sección de modo que su componentes participan en todas las deliberaciones, sea cual sea la materia.

Como se viene demandado desde las asociaciones de abogados de familia, la planta judicial decimonónica está provocando una serie de disfunciones en el ámbito de la Administración de Justicia, entre las que se encuentra la falta de especialización de los juzgados y Tribunales, que es una cualidad que aporta valor a una organización eficiente. La creación de estas secciones especializadas en familia cumple, además, una de las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la Disposición Final 20 de la LO 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia, aprobada el 4 de junio: disponer las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la especialización dentro del Orden Jurisdiccional Civil en Infancia, Familia y Capacidad. También se ha pedido la creación de estas secciones especializadas en la última reunión de presidentes de Audiencias Provinciales.

Difícilmente se puede conseguir esa especialización con una única sección en donde todos los magistrados conocen de todo, incluidos los asuntos de familia, entre otros de incumplimiento contractual, cláusulas abusivas u otros temas. Contrasta esto con el hecho de que las Secciones 12 y 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona –con una larga trayectoria de especialización en Familia- hayan acordado «subespecializar» estas materias, distribuyendo su conocimiento entre los magistrados de ambas secciones, conscientes como son de su trascendencia y complejidad, a fin de conocer al detalle las especificidades inherentes a cada una de estas materias.

Pero esta escasez de medios también afecta a las secciones penales. La prueba la tenemos en la cantidad de juicios orales que se celebran en la Audiencia Provincial de Almería, cada vez más complejos y con mayor número de imputados. Se ha puesto de manifiesto que se necesitan más medios en un asunto de tanta envergadura como 'Caso Poniente', no solo en la instrucción sino también luego en la fase de juicio oral, en que el ponente que debe de redactar la sentencia se enfrenta a una montaña de folios que debe de manejar él solo, sin contar con un auxilio de un Gabinete Técnico como existe en el Tribunal Supremo, que facilita auxilio a sus magistrados hasta incluso elaborar un borrador de sentencia.

En resumen, que llueve sobre mojado en este tema de los medios de la Administración de Justicia, en donde se puede ya hablar de tribunales de primera y de segunda categoría. Dichos medios se vienen reclamando desde hace muchos años y en un estado de Derecho son esenciales, no solo que existan sino que funcionen bien y den una respuesta en tiempo razonable, que no puede ser años, cuando no lustros o decenios.