La liberación del segundo Dividendo Digital

Estamos ante un proceso ineludible y urgente, que condiciona un aspecto esencial de nuestro desarrollo tecnológico

La liberación del segundo Dividendo Digital
REUTERS
ÁNGEL GARCÍA CASTILLEJOSecretario de televisión abierta

La TDT, la forma en la que, cada día, la inmensa mayoría de los ciudadanos ve las emisiones de televisión, está obligada a un cambio que afectará a la práctica totalidad de los edificios de viviendas de nuestro país, en un plazo relativamente corto. Alrededor de 38 millones de ciudadanos en la práctica totalidad del territorio se verán afectados por los cambios consecuencia del segundo Dividendo Digital, al igual que ocurrió con el primero, que tuvo lugar entre el mes de septiembre del 2014 y el 31 de marzo del 2015, y del que seguro que muchos ciudadanos guardan recuerdo por los pequeños o grandes trastornos que pudo ocasionarles. Básicamente, se trata de desplazar las televisiones en el espectro radioeléctrico con el fin de dejar espacio a la telefonía para el despliegue de la nueva generación de transmisión móvil en 5G. Es lo que se conoce como el proceso de liberación del segundo Dividendo Digital. No es exagerado decir que, además de ineludible, se trata de un cambio que no admite retrasos por lo ajustado de la planificación realizada, necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos en el ámbito de la Unión Europea para desplegar el 5G y llevar a cabo de forma coordinada y simultánea, la fortísima inversión necesaria para el mencionado despliegue de la banda ancha móvil.

La complejísima parte técnica de este proceso ha sido ya efectuada por la Administración, y se plasma en un proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de TDT y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo Dividendo Digital, en estos momentos en tramitación, pendiente tan solo de informes preceptivos y de su aprobación formal. La convocatoria anticipada de elecciones generales, aunque no impide llevar a buen término el proyecto de Real Decreto, sí podría condicionar el desarrollo del mismo, de ahí la importancia -es más, la exigencia- de aprobar en plazo los elementos centrales que condicionan el éxito de esta misión. Conviene subrayar, en este sentido, que cualquiera que sea el resultado de los comicios, el límite temporal fijado por la Unión Europea seguirá siendo el mismo y en consecuencia la tarea pendiente aplazada se convertiría en una pesada carga para la Administración, con graves consecuencias para el conjunto de la sociedad española, por lo que, llegados a este punto, no podemos mirar a otro lado y ser conscientes que nos jugamos mucho en este proceso urgente, exclusivamente técnico, y que como cuestión de Estado no puede ni debe verse afectado por el proceso electoral.

Es más, la Hoja de Ruta nacional para la liberación del segundo dividendo digital se realizó por el Gobierno del Partido Popular y fue ratificada y publicada por el Gobierno del PSOE en junio de 2018, cumpliendo los plazos fijados por la UE y contando con el consenso y apoyo de todos los actores del sector audiovisual y de las telecomunicaciones que operan en España. Dos son los pivotes básicos que han de aprobarse para la ejecución, con unas mínimas garantías, de este proyecto antes del próximo 15 de abril: el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico de la TDT y la dotación económica necesaria para su financiación en este ejercicio 2019.

Efectivamente, es fundamental aprobar antes de esa fecha los cambios necesarios en la Red de Difusión de la TDT para liberar espacio para el 5G, pero, simultáneamente, es imprescindible aprobar los fondos que permitan iniciar el proceso y compensar a los ciudadanos por el coste de adaptar las antenas de los edificios para la recepción de las nuevas emisiones y a las televisiones por los costes que deben asumir para cambiar la actual ubicación de sus canales. Cambios que acometen unos y otros no por su deseo, sino por razones de interés general. Hay que tener en cuenta que han de desplegarse los nuevos emisores TDT manteniendo los antiguos y emitiendo simultáneamente por ambas redes, hasta que se completen los cambios de instalación en prácticamente 850.000 edificios, con toda la complejidad de gestión y de planificación de posibles contingencias que ello conlleva. No se puede hacer bien este trabajo en plazos menores a los ya indicados, dado que colapsaría la capacidad de suministro y de instalación. Prácticamente todo el territorio español, excepto siete zonas (A Coruña Norte y Sur, Asturias, Barcelona, la isla de Menorca, Murcia Norte y Toledo) que deben mover su actual frecuencia por una nueva.

Este proceso hace necesario, además, realizar potentes campañas informativas, dada la afectación a la inmensa mayoría de ciudadanos, contando con a las organizaciones de consumidores, administradores de fincas, instaladores de telecomunicaciones, etc. El proceso del segundo dividendo digital necesita ser comunicado a la sociedad de forma eficiente, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer que deben adaptar sus instalaciones de recepción, cómo solicitar y obtener las compensaciones a las que pueden acogerse, y cuándo resintonizar sus televisores para no perder sus contenidos favoritos.

Aunque se va a precisar una ampliación presupuestaria para sufragar el coste de todas estas actuaciones, este será con toda seguridad muy inferior a los ingresos que se producirán por la licitación de las frecuencias que se abandonan por la TDT para facilitar el desarrollo del 5G, además de que se generarán los beneficios en términos de inversión, empleos e incremento de la competitividad, que supondrá el despliegue del 5G para la economía española en su conjunto.

En conclusión, estamos ante un proceso ineludible y urgente, por comprometer actuaciones que solo pueden efectuarse en el marco coordinado europeo y que condiciona un aspecto esencial de nuestro desarrollo tecnológico, por lo que es imprescindible que pueda ser desarrollado adecuadamente en los plazos ya aprobados, para no provocar graves perjuicios a ciudadanos y televisiones públicas y privadas, lo que podría acarrear graves conflictos, y poner en peligro la propia ejecución del proyecto, con graves repercusiones en los objetivos generales acordados en el seno de la Unión Europea.