Dos leyes vitales
El Ingreso Mínimo Vital o la Formación Profesional deberían ser acuerdos de Estado
Margarita Sánez-Díez
Sábado, 18 de diciembre 2021, 23:10
Entre dosis de insultos, valoraciones pretenciosas y calumnias, el Congreso ha sido testigo de la aprobación de dos leyes que tienen un objetivo claro: romper ... la desigualdad que agobia a millones de ciudadanos. La corriente saludable que generarán la Ley del Ingreso Mínimo Vital y la Ley Orgánica de Formación Profesional no pueden pasar desapercibidas. Estas leyes ofrecen nuevas perspectivas para que el ascensor social no se detenga cuando quedan tantas conquistas pendientes. La Ley del Ingreso Mínimo Vital supone ampliar las posibilidades de cobertura a familias muy vulnerables y a menores que se ven ante el tremendo agujero de la pobreza infantil. También a los jóvenes que se encuentran buscando el modo de salir adelante con escasos o nulos apoyos. Esta vez, como la eficacia de las administraciones para asignar ayudas no puede fallar, podrán contar con el apoyo de ONG y plataformas similares. Las ayudas por hijo oscilarán entre los 50 y los 100 euros, según la edad de los pequeños. También se dará cobertura a más hogares con problemas y a los que entre sus miembros cuenten con una persona con gran discapacidad y prevé el acogimiento de quienes hayan concluido el cobro del desempleo y no tengan derecho a otras prestaciones. Sin duda será un alivio para el millón y medio de solicitantes previstos.
Solo votaron a favor de esta ley PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. En contra, PP, PNV, BNG, Foro Asturias y PDeCAT. El resto se abstuvo. Esa actitud negativa obedece a que se ha suprimido en el Senado una disposición final que planteaba un fondo para que los ayuntamientos sufraguen los gastos de gestión mediante los Presupuestos Generales del Estado.
Otras norma fundamental que también tiene luz verde es la de la FP. Según los estudios realizados, en cuatro años el país necesitará un 49% de puestos de trabajo con la cualificación que puede otorgar la Formación Profesional, y apenas un 16% de baja cualificación. Ahora, solo el 25% tiene ese nivel intermedio frente a un 35% de nivel inferior. También está previsto la unificación de los sistemas anteriormente existentes en la FP –uno educativo y otro orientado al empleo– con un tiempo de prácticas de al menos entre el 25 y 35% o más. Habrá más presencia de las empresas en el proceso formativo, una asignatura pendiente desde hace tiempo y se asegurará la oferta de plazas públicas y así como más facilidad para acceder a la universidad. Solo el PP votó en contra. Hay asuntos como estos que deberían ser acuerdos de Estado, pero no todas las formaciones tienen la misma visión de lo que es trascendente y vital para la sociedad.
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