Justicia sin controversias
Editorial ·
Jueves, 7 de octubre 2021, 01:04
El Tribunal Constitucional resolvió ayer, por mayoría de sus miembros, que la inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal es conforme a ... la Carta Magna. Avaló así la reforma aprobada en 2015 durante el mandato de Mariano Rajoy, recurrida por el PSOE, CiU, el PNV y diversas organizaciones de izquierda. Mientras el Parlamento no modifique la ley orgánica que así lo permite, puede haber delitos cuya especial gravedad lleve a la Justicia a ordenar el encarcelamiento de por vida de una persona, con la posibilidad de que tras 25 años de prisión demuestre su disposición a reinsertarse. La corte de garantías se remite a pronunciamientos del Supremo español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para considerar «la revisabilidad de la pena como factor determinante de su legitimidad», lo que cumpliría con lo previsto en el artículo 25.2 de la Constitución sobre la obligación de orientar las privativas de libertad hacia la «reeducación y reinserción social».
A la espera de que el Constitucional dé a conocer el contenido de la sentencia y los argumentos particulares de los tres magistrados que votaron en su contra, la resolución adoptada confiere mayor solidez a las 24 condenas dictadas en los seis años transcurridos desde que entró en vigor la regulación. Pero la confrontación parlamentaria que esta suscitó en su día da cuenta de la naturaleza controvertida de la prisión permanente revisable. El hecho de que el alto tribunal se haya visto obligado a dirimir sus diferencias internas mediante una votación –con el resultado de siete vocales a favor y tres en contra– revela la persistencia de una discusión jurídica entre posiciones que aparentan ser irreconciliables.
Las personas sentenciadas a prisión permanente revisable lo han sido por crímenes que, en su espanto, han centrado la atención pública durante semanas y meses, y generado estados de opinión que realzaban la función punitiva de las penas de cárcel. Pablo Casado anunció ayer que, de acuerdo con la proposición presentada por el PP en enero de 2019, cuando llegue al Gobierno ampliará esta figura «a maltratadores que acaban asesinando, asesinos que oculten el cadáver y violadores reincidentes». La Justicia difícilmente puede realizarse agrandando las diferencias sobre el Código Penal. El Estado de Derecho ha de sostenerse sobre el consenso político y la aproximación de doctrinas.
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