Desmantelando el Estado: nuevo golpe a los funcionarios locales con habilitación nacional

Para sobrevivir políticamente, Sánchez necesita los votos de Junts en el Congreso. Raudo, el presidente ha acudido al mercado persa en el que, lamentablemente, ha convertido hoy al parlamentarismo español. Ya lo hizo con el traspaso a Euskadi de las competencias del Estado sobre los habilitados nacionales –Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre–, siempre forzando la legislación de urgencia, traspaso escondido en una extensa, heterogénea y urgente disposición de las que viene abusando al carecer de mayoría parlamentaria. Empero él continúa.

Los funcionarios locales con habilitación de carácter nacional son un colectivo muy importante –nombrados por la Administración del Estado– que tiene encomendado por Ley, lejos de las vicisitudes políticas, la fe pública y el cumplimiento, en todo momento, de la legalidad administrativa y el control económico-financiero y presupuestario de las corporaciones locales. Ahí es nada. Colectivo que, por su extracción y formación, atribuidas hasta hoy al Estado, asegura con independencia y objetividad, la legalidad de los actos y reglamentos y la sujeción a las reglas fiscales de aquéllas. Así lo proclama la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que ha consagrado –como funciones necesarias en todas las corporaciones locales reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional– las de secretaría –comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo–, el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. Además, el Preámbulo del Real Decreto 128/2018, de 16 de Marzo, considera como función insoslayable de estos habilitados nacionales garantizar la profesionalidad y eficacia de las funciones de control interno en las entidades locales.

Esa profesionalidad y eficacia, con sus derivadas de la objetividad e independencia, se vienen consiguiendo actualmente con este cuerpo de funcionarios dependiente del Estado, único sujeto competente para convocar las pruebas de acceso y efectuar la selección, formación y nombramiento de los mismos, competencias que Rodríguez Zapatero, en disparatada decisión, atribuyó otrora a las comunidades autónomas, provocando la existencia de diecisiete procesos selectivos en marcha y una supina descoordinación.

Sin embargo, es el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha vuelto a mutilar las competencias del Estado. Con la medida que comentaré a continuación, le da un nuevo tajo a este esencial cuerpo de funcionarios destinados en las entidades locales, sucumbiendo a la presión del fugitivo Puigdemont.

En esta ocasión, el precio a satisfacer al prófugo Puigdemont ha sido «atribuir (sic) a Cataluña la gestión de las funciones relativas a los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional» (Real Decreto-Ley 15/2025, de 3.12.25). De nuevo, eludiendo el debate parlamentario por interés personal y partidista, Sánchez regala al separatismo catalán, mediante Decreto-Ley, lo concerniente a estos funcionarios destinados en los órganos de gobierno locales –Ayuntamientos y Diputaciones provinciales–. Con ello ahonda el desguace del Estado.

El voluntarismo frívolo de nuestro amado presidente rompe por segunda vez la unidad y homogeneidad del régimen jurídico de este colectivo de élite que sirve en ayuntamientos y diputaciones. La medida es, sin duda, el peaje que Sánchez paga a nuestros recalcitrantes separatistas, esos que nos amargan la vida como nación desde finales del siglo XIX; una decisión indudablemente arbitraria de nuestro Supremo Guía que la sufrimos en carne propia; que debilita la cohesión del Estado. Una medida alejada del espíritu y la letra de la vigente Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Las cuadernas del Estado crujen una vez más.

Por decisión –de indiscutible aroma cesarista– del «Amado Líder», contemplamos cómo, poco a poco, y golpe a golpe contra las instituciones –públicas y privadas–, se va desmantelando el muy refrendado, popularmente, Estado Autonómico de 1978, su organización y competencias. Mediante despieces anticonstitucionales y traumáticos, como éste, se transmuta España 'de facto' en un Estado de corte confederal, «terrible y obscenamente asimétrico, una fábrica, por lo tanto, de grandes desigualdades» (Calvet Chambon). Acomete todo ello el presidente socialista sin justificación ni título jurídico-político alguno. Sólo las necesidades de gobernanza del 'Frankenstein' aparecen como la única motivación para adoptar desmantelamiento tan arbitrario. Decisiones que Sánchez adopta fútilmente por sus urgencias parlamentarias, pero que conducen inexorablemente a la ruptura del modelo nacional que la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico implantaron en su día para salvaguardar los principios racionales de coordinación, igualdad y eficiencia de las Administraciones públicas.

El traspaso es tan inicuo y arbitrario que la representación profesional de los citados funcionarios anuncia ya su impugnación por reputarlo inconstitucional y contrario al interés general.

* Profesor Titular de Derecho Administrativo

| Presidente del Foro para la Concordia Civil

| Miembro del Foro de Profesores