La Justicia ya es Democrática

La intervención en el Poder Judicial tiene el objetivo de limitar la influencia de este contrapoder en el resto de los poderes del Estado. Esta colonización debe hacerse de manera que no parezca que se está haciendo, lo que requiere una acción lenta y eficaz. El primer paso es desprestigiar a los jueces. Este es un movimiento sencillo. Para eso está el relato. Unos cuantos mantras que se repiten machaconamente. Me voy a centrar en uno, hay varios, que dejamos para otras columnas, que es de última actualidad. Los jueces, se dice, desde todos los medios de comunicación a tal efecto afectos, son todos unos señores antiguos y muy de derechas que desconocen la realidad social española, hijos todos de papá, señoritos de viejo y nuevo cuño. Para acreditarlo se eligen un par de ejemplos, y se estira el chicle todo lo posible. Es preciso, necesario, imprescindible, se insiste, democratizar el Poder Judicial, expresión que en sí misma es una ofensa a quienes integramos la Magistratura española, porque quiere crear la convicción en quien la escucha de que el funcionamiento de la Justicia no es democrático, ni lo son quienes la sirven desde la responsabilidad de juzgar. Lo que, obviamente, es una falsedad absoluta.

La realidad, que se sabe que es cierta pero se oculta por los manipuladores interesados en negativizar la percepción de la ciudadanía sobre los magistrados españoles, es bien distinta. Seguimos con este ejemplo. El prototipo medio de miembro de la Judicatura es una mujer de unos cincuenta y dos años. Entre los más jóvenes hay una gran mayoría de mujeres, y los jueces, las juezas, las magistradas, los magistrados, provienen de forma transversal de todos los sectores de la sociedad. Un par de datos. Desde el año 1996, aproximadamente el sesenta y seis por ciento de los opositores aprobados en el turno libre son mujeres. Y de ellos, el setenta y cinco por ciento provenían de familias que no tenían relación previa con el sector jurídico. Solamente el seis por ciento eran familiares de magistrados. Por tanto, el sistema vigente consigue que los jueces sean reflejo de la España plural. Estos datos, que son objetivos, sin embargo. no interesa destacarlos.

Una vez ha calado en la opinión pública el relato insistentemente reiterado, es el momento de adoptar medidas solucionar la Justicia. Es necesario, no se olvide nunca este objetivo, democratizar el Poder Judicial. Y en esta idea se enmarca la Proposición de Ley Orgánica que el grupo socialista en el Congreso, léase el Gobierno, ha registrado recientemente en la Cámara, uno de cuyos objetivos, el que analizamos en este escrito, es modificar las pruebas de acceso a la Carrera Judicial. El razonamiento de fondo es sencillo, diríamos pueril, si no fuera tan peligroso para la convivencia. El Gobierno sabe que los jueces no son de fácil sometimiento, son independientes, y reacciona frente a ello inventando diversos caminos para intentar controlarlos desde el primer momento. Se suavizan las pruebas de acceso. Por un lado, las oposiciones del turno libre se hacen más asequibles, creando un Centro de Estudios Judiciales, controlado por el Ministerio de Justicia, previo a la oposición, y por otro lado, el ingreso de juristas de reconocida competencia, el denominado cuarto turno, que hoy es un medio de acceso a la carrera judicial que exige superar un complicado concurso oposición, se desnaturaliza para poder interferir en el proceso de selección. No se busca para impartir Justicia la excelencia, sino la afinidad de pensamiento político. Un dislate. Un atentado en toda regla al funcionamiento del Estado de derecho.

Nótese lo perverso del razonamiento. Lo deseable, si analizamos las cosas desde la puridad democrática, sería que el resto de poderes potenciaran la independencia con la que la carrera judicial ejerce sus funciones. Que se emplearan más medios materiales y personales para que el servicio público de Justicia se preste con mayor celeridad y eficacia. Y que se intensificara la formación de los profesionales. Pero la reacción es la contraria. En lugar de aprobar normas para fomentar la independencia judicial se articulan sistemas tendentes a reducirla. La modificación del sistema de acceso es uno de ellos. Es cierto, algunas de estas medidas están en fase embrionaria y es posible que no lleguen a materializarse. Pero la trascendencia de las mismas exige un pronunciamiento expreso de quienes comprendan estas cuestiones, para acercarlas al conocimiento de los ciudadanos, desde la primera propuesta. No se confundan. No estamos en una disputa entre jueces y el Gobierno. No es la defensa de los intereses profesionales de la Magistratura lo que está en juego. Al menos no es el principal problema de estas reformas, aunque se vean afectados. Se están alterando, por intereses espurios, cortoplacistas y partidistas principios esenciales de la convivencia entre los ciudadanos. El control de la acción del Gobierno, de este y de los sucesivos, se disminuye. Menos control, más arbitrariedad. Y, por tanto, menos libertad.

Acabo recordando, y homenajeando, a esos miles de jóvenes españoles que con valentía, con dedicación, y con esfuerzo, preparan oposiciones a Judicatura y Fiscalía. Mujeres y hombres que han decidido arriesgar su futuro, por vocación, a la carta del estudio. Los grandes olvidados de esta reforma que se presentó en el Congreso. Más que olvidados, menospreciados. Me gustaría decirles que los que seremos sus compañeros sentimos por todos ellos una profunda admiración. Sabed que lucharemos porque vuestro esfuerzo no sea en balde.