La democracia fracturada

El filósofo D.S. Garrocho propone una «moderación radical» como respuesta a la polarización, a ese gregarismo atomizado; una actitud que no es tibieza ni equidistancia, sino el ejercicio consciente de «renunciar al clan» y someter las propias convicciones al escrutinio crítico. La moderación, dice, es valentía política cuando el sistema premia el ariete retórico y el escándalo triunfa sobre la reflexión. Esta propuesta de quebrar las identidades tribales en un entorno donde la «multipolarización» se ha vuelto negocio y modelo de conquista de la atención, hace que la moderación no sea un punto medio, sino un gesto de disidencia civil.

Por otra parte, J.E. Stiglitz advierte que estamos ante una oligarquía que corroe las reglas democráticas. Los desequilibrios de poder económico y el bloqueo institucional han debilitado el ideal ilustrado de libertad, justicia e igualdad de oportunidades. Esta erosión es más grave en el ámbito mediático, donde la concentración de poder informativo actúa como filtro autoritario de lo que puede contarse o debatirse. En una democracia real, recuerda Stiglitz, no bastan los formalismos legales si la estructura del poder se fragmenta en intereses privados que deciden quién habla, qué se oculta y cómo se cuenta. El ciudadano no solo sufre una segmentación comunicativa, sino una colonización ideológica por actores que operan tras plataformas tecnológicas y algoritmos que filtran y amplifican los discursos alineados con sus estrategias de influencia sobre audiencias afines.

Otro elemento decisivo es la mentira como argumento ideológico y la corrupción como instrumento de poder. La brecha entre el decir y el hacer carcome la credibilidad institucional. España sigue en la mitad baja del ranking europeo de percepción de corrupción, según Transparencia Internacional. Sin reformas urgentes que aborden el registro de lobbies, agencias antifraude, recursos judiciales, etc., el pacto social se agrieta. El desgaste moral prolongado alimenta narrativas conspirativas y simplistas; cuando los ciudadanos tienen razones estructurales para desconfiar, florece la demagogia que promete «limpiar la podredumbre» con propuestas seductoras pero vacías. La demagogia, versión degradada del discurso político, se mezcla hoy con el ruido digital.

La escena tecnológica, por otro lado, potencia estas dinámicas. Ya se han detectado chatbots de IA que dan consejos sesgados en campañas electorales. Aunque no es una práctica masiva, el precedente es inquietante ya que la IA generativa no es neutral y puede amplificar sesgos y contaminar el juicio cívico. Estudios muestran que cuando un algoritmo sugiere mentir para obtener ventaja, las personas tienden a seguir ese consejo, incluso sabiendo su origen artificial. La transparencia sobre el uso de IA no basta para neutralizar su efecto manipulador. En un entorno saturado de información, el ciudadano medio carece de tiempo y herramientas para distinguir cuánto de lo que ve está impulsado por la IA. Así, la opinión pública, plegada ante esta impotencia, se convierte en un registro emocional retroalimentado por las estratagemas políticas.

La combinación de polarización mediática, corrupción institucional y hegemonía tecnológica está generando un choque social cada vez más visible e intenso. Pero el impacto no es igual para todos; quienes tienen menos recursos y formación son los más vulnerables, pues dependen de redes sociales gratuitas y mensajes simplificados. Cuando esas narrativas se diseñan para movilizar emociones, sus receptores se convierten en blancos ideales de manipulación. Mientras unos pocos pueden cuestionar lo que leen, otros muchos asumen el relato simbólico como única verdad.

Esa distorsión también tiene consecuencias económicas. La confianza institucional –del ciudadano en el Estado y del inversor en el marco regulatorio– es un activo esencial para la inversión y el crecimiento. Un país que interioriza que las reglas son flexibles pierde atractivo para el capital que busca certidumbre. Stiglitz advierte que no puede haber «economía sana sin certezas», y éstas se sostienen en instituciones justas y transparentes. Cuando la hegemonía simbólica representa al ciudadano como un sujeto frágil y desinformado, la democracia se degrada hacia una autocracia de seguidores cautivos. El desequilibrio estructural se agrava, ya que cuanto más manipulable sea un grupo social, más vulnerable será ante políticas regresivas o engañosas. Así, la fractura política se traduce en quiebra económica, alimentando la desconfianza, la fuga de talento y de capital, e impulsando la simbiosis moral con discursos autoritarios.

Garrocho y Stiglitz coinciden en que la crisis española –y global– es, además de institucional, ética. La virtud cívica, esa mezcla de autocrítica, empatía y responsabilidad común, ha sido desplazada por el espectáculo político. Pero sin esa virtud no hay sistema que resista. El rescate democrático no se logrará solo con leyes, requiere reconstruir el tejido cultural que legitima la participación pública. Es imprescindible una estrategia nacional anticorrupción real, fortalecer la justicia, limitar las redes de influencia y frenar la concentración mediática dirigida y la impronta algorítmica.

El reto es mayúsculo: reinstaurar el compromiso político de los ciudadanos como auténticos dueños de un destino común. Las advertencias de Garrocho y Stiglitz no son un diagnóstico pesimista, sino una alerta; la democracia solo sobrevivirá si sus instituciones y sus ciudadanos recuperan la valentía de la honestidad política.