No en nuestro nombre

Con respecto a la amnistía su significado hoy es claro: pedimos perdón a quienes, en defensa de unos determinados intereses territoriales, atentaron contra nuestra (también la suya) Constitución. El significado a futuro es también evidente: si reconocemos que, en defensa de una supuesta gobernabilidad, sea necesario pedir perdón a delincuentes, ¿a qué nos vamos a negar en el futuro? Si perdonamos a los que se autodeterminaron en contra de la ley y la Constitución, difícilmente podremos negar la autodeterminación misma una vez que la pidan: quien puede lo más, puede lo menos. No hay que ser muy listo para pensar que, admitido esto, se atacan los pilares básicos del estado de derecho, que es, tal y como reconoce el artículo primero de la Constitución, la base de nuestra convivencia.

La condonación parcial de la deuda, siendo algo más prosaico («la pela es la pela»), implica, por una parte, un ataque frontal al principio de igualdad (no cabe discriminación por razón de ninguna circunstancia) en la medida en que se premia a los ciudadanos de una determinada comunidad que, por un acto de liberalidad del gobierno central, van a disponer de mayores recursos para poder atender, entre otras cosas, la sanidad y la educación (sectaria, para mayor afrenta), de sus ciudadanos. Por otra parte, implica un acto de pura injusticia que tiene, además, un 'efecto llamada' importante: al que más gasta, mejor se le trata.

Insisto en aclarar que no se trata de un tema de izquierdas y de derechas. La prueba más evidente de ello es que, entre los partidos que apoyan la investidura, hay partidos de derechas (PNV y Junts) y partidos 'supuestamente' de izquierda. Y decimos 'supuestamente' de izquierdas puesto que no hay nada menos de izquierda que la desigualdad, que es precisamente lo que generan, tanto la amnistía, como la condonación. Resulta chocante que, como sociedad, hayamos admitido la progresividad en la tributación personal (el IRPF) en donde el que más gana, más paga; y no la admitamos a nivel de comunidades autónomas (asumiendo, cosa discutible, que Cataluña generase más). ¿No es la solidaridad, precisamente que los que más generen, más contribuyan?

Por si esto fuera poco, asistimos hieráticos a un continuo desprecio a la liturgia democrática: diputados que no asisten a las rondas de consulta con el Rey, inasistencia al juramento de la futura jefa del Estado… en definitiva, desprecio por las instituciones. Chocando todo esto con la ridícula exigencia de traductores en el Parlamento, como una forma de humillar al Estado.

Llegados a este punto, y considerando la limitada capacidad de acción del ciudadano, cabe preguntarse qué debemos hacer. Por parte de un determinado número de diputados y senadores, se plantearán probablemente recursos de inconstitucionalidad; el Tribunal Supremo estudia distintas vías para poder impugnar la amnistía (una de ellas acudiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea); algunos se manifiestan en las calles…

Cabe plantearse si es posible que el Rey, siguiendo el ejemplo del Rey Balduino en Bélgica cuando abdicó para no firmar la ley del aborto, pudiera no firmar la ley de amnistía… La firma de esa ley probablemente implique, en un futuro no muy lejano, la destrucción del Estado cuya jefatura él ocupa.

Lo cierto es que sí deberíamos recordar los nombres de los diputados de cada una de nuestras provincias y apeláramos a un acto de responsabilidad, más allá del mandato representativo, por cuanto que está en juego la base de nuestra democracia. Tal y como dice Simon Sebag Montefiore en su libro 'El Mundo. Una historia de familias' lo conseguido en el pasado, no debe darse por supuesto: «Lo que se ha ganado y se ha dado por ganado, quizás vuelva a requerir nuestra lucha».

Y es que votar a favor de algo que puede acabar destruyendo España, tal y como la conocemos, podría implicar pasar a la historia como aquellos que, siendo elegidos parlamentarios para la defensa y la mejora de una determinada sociedad, acabaron por ser partícipes de su destrucción.

Hay algo de derrota moral en lo que se plantea: pedir perdón a quienes de forma deliberada y consciente delinquieron, lleva a plantearse la utilidad del código penal en función de las eventualidades políticas. Perdonar la deuda a los más pródigos, amén de ser injusto, supone un mal ejemplo para el futuro. Conviene en este punto recordar al filósofo Ibn Jaldún: «Muchas naciones sufrieron una derrota material, pero esto nunca ha acabado con ellas. Sin embargo, cuando una nación es víctima de una derrota psicológica, entonces su final ha llegado».

Deberíamos tratar de evitar esta locura de la forma que cada uno pueda para evitar que se haga realidad lo que decía Rousseau al respecto: «En cuanto un hombre dice, sobre los asuntos de Estado: ¿Y a mí qué me importa? Bien puede darse por perdido ese Estado». Aquí está nuestro granito de arena.