La gallina de los 'minolles'

¡Bienvenidos a la era de la corresponsabilidad y competencia fiscal entre Comunidades! Imagino que este pudo ser el brindis de Rodrigo Rato, a la sazón ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se gestó el acuerdo. Pero Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se descolgaron del nuevo modelo de financiación, votando en contra del mismo al considerar que ponía en peligro la solidaridad y la equidad. La frontal oposición del Partido Socialista giró en torno a la idea de que el IRPF nunca debió ser objeto de cesión a las CCAA, sino que debió quedar en manos del Estado, dado su potencial como instrumento redistribuidor de la riqueza. Las tres Comunidades díscolas permanecieron en el anterior sistema de financiación, con un censo de población desactualizado que perjudicaba especialmente a Andalucía.

En 2001, estando presidido el CPFF por el ministro Montoro, se ampliaron los porcentajes de cesión y las facultades normativas de las CCAA sobre tributos cedidos. Después, el camino abierto por la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, propició que la cesión del IRPF pasara del 33% al 50%, la del IVA del 35% al 50% y la de los impuestos especiales del 40% al 58%. Además, se ampliaron las competencias normativas hasta el punto de que hoy existen notables diferencias entre CCAA y la autonomía financiera se ha exacerbado, dando lugar a una frenética competencia fiscal entre territorios con notorias desigualdades en la tributación de los ciudadanos dependiendo de su residencia.

La propuesta hecha por Pere Aragonès el pasado 19 de marzo va mucho más allá, es el no va más para Cataluña: la Generalitat aspira a la «soberanía fiscal plena», a una «financiación singular», similar a la del concierto vasco, que le permitirá, a través de su Agencia Tributaria, gestionar, inspeccionar y recaudar el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña, incluyendo el IRPF, el IVA y Sociedades, lo que elevaría sus ingresos hasta los 52.000 millones de euros, el doble de lo que recauda en el modelo de régimen común. Cataluña aportaría al Estado una especie de cupo para financiar los gastos de defensa, Justicia, etc., y una partida para «el reequilibrio territorial». La propuesta persigue reducir la aportación catalana a la caja común, al considerar insostenible el llamado «déficit fiscal», cifrado en unos 20.000 millones al año (la diferencia entre lo que Cataluña aporta al Estado y lo que recibe del mismo).

Flaca es la memoria. Resulta que lo que propone Pere Aragonès es prácticamente un clon de lo previsto en la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que se presentó en el Congreso de los Diputados en octubre de 2005, es decir, la propuesta surgida del Parlamento catalán que Rodríguez Zapatero prometió respetar y el Grupo Parlamentario Socialista se vio obligado a enmendar por ser abiertamente inconstitucional, al cuestionar el poder financiero estatal y el principio de solidaridad que vertebra el Estado autonómico. De hecho, la disposición adicional octava de aquella propuesta de Estatuto dejaba claro el propósito de limitar la aportación catalana a la solidaridad para que, en un plazo no superior a quince años, la capacidad de financiación por habitante de la Generalitat quedara «equiparada a la obtenida en aplicación de los sistemas de concierto y convenio vigentes en las comunidades autónomas forales». Muchos de los protagonistas del nacimiento y desarrollo de aquella iniciativa, como Pascual Maragall, Carod-Rovira y Artur Mas, han desaparecido de la escena política. Otros, como Manuel Marín, presidente del Congreso durante su tormentosa tramitación, o Alfredo Pérez Rubalcaba, defensor de la poda que sufrió la propuesta de reforma, han muerto. Casi dos décadas después, han cambiado las personas, pero permanecen los personajes y los argumentos. Es un 'volver a empezar', como si pudiera ignorarse que el Tribunal Constitucional ha declarado que no son las CCAA las habilitadas para elegir el sistema con arreglo al cual deberán financiarse (STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 7), sino que corresponde al Estado la potestad exclusiva para configurar el sistema de financiación de las CCAA que considere más idóneo y garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución (SSTC 13/2007, de 18 de enero, FJ 9 y 31/2010, de 28 de junio, FJ 135).

Andalucía se la juega. Sin autonomía financiera no hay autonomía política. Los servicios públicos no se pueden prestar adecuadamente sin la debida financiación. Manuel Chaves reclamó al Gobierno del PP los 'minolles' de los andaluces (los guiñoles de Canal + lo representaron evocando La vida es sueño: «una broma, una ficción y mis minolles esos son»). Hoy es Juanma Moreno quien los reclama al Gobierno de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no puede ser como el hombre de los mil colores. ¿Rechaza la propuesta de Pere Aragonès, que sacaría a Cataluña del régimen común de financiación? Eso parece. La ministra ha dicho que hay margen de mejora para todas las CCAA. Puede que esté pensando en el crecimiento de la recaudación, cebando la gallina, la de los huevos de oro. Hay precedentes, pero no debe olvidar que el tipo efectivo actual del IRPF es el más elevado de la historia y la presión fiscal en España supera notablemente la media de la OCDE. La gallina está exhausta y si se acaba con ella no hay huevos que valgan, como en la versión de Félix Mª de Samaniego de la fábula que se atribuye a Esopo. No se olvide la moraleja.