«Fallecimiento en acto de servicio»

No caigamos en la estulticia. España entera sabe que los mataron, que la causa del fallecimiento de Miguel Ángel Gómez González (agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, GEAS, de 39 años, con pareja y una hija de 12 años) y David Pérez Carracedo (agente del Grupo de Acción Rápida, de la Guardia Civil, GAR, de 43 años, que deja viuda y dos hijos de 9 y 6 años) es un acto criminal del que dan cuenta diversas grabaciones de vídeo, difundidas, urbi et orbi, en las redes sociales y reproducidas en todos los telediarios. Desde el jueves, día 8 de febrero, varias lanchas de narcotraficantes se refugiaron del temporal provocado por la borrasca Karlotta en el Puerto de Barbate, a la vista de todos, incluidos los agentes de la Guardia Civil. Algo surrealista y chocante, teniendo en cuenta las flores que se echa el ministro Marlaska al referirse a lo mucho que ha mejorado la lucha contra el narcotráfico en la zona desde 2018. El propio alcalde de Barbate llamó a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, y a las 20.30 horas del viernes la Comandancia envió a seis agentes al puerto barbateño en una pequeña zodiac de apenas seis metros de eslora y con un solo motor de 80 caballos; casi un juguete en comparación con la narcolancha de 14 metros y con cuatro motores de 300 caballos, que enfiló y pasó por encima de la lanchita de la Guardia Civil, como la llaman los lugareños, tras diversas maniobras burlescas en el agua, jaleadas por individuos de baja estofa. Fue una tragedia, la crónica de una muerte anunciada según las declaraciones de varias asociaciones de la Guardia Civil que piden la dimisión del ministro Marlaska, coincidiendo con la postura del PP, Vox y Podemos, que también piden su cese.

¿Fallecimiento en acto de servicio? Una sociedad que presencia en televisión cómo matan a dos agentes de la Guardia Civil y es incapaz de llamar a las cosas por su nombre es una sociedad enferma, adormecida, anestesiada (o 'narcotizada', que tal vez sea el caso). ¿Acaso nos toman por estúpidos? Déjense de bromas macabras. Los guardias civiles y los policías pueden fallecer en acto de servicio por causas variadas tales como accidentes mientras participan en tareas de rescate o auxilio, choques en controles y persecuciones, ahogamientos, quemaduras en incendios y otros riesgos asociados a su actividad. Y hasta por infartos u otras patologías que evidencien la conexión servicio-fallecimiento, de modo que éste derive directa e inmediatamente del riesgo del servicio que prestan, como han precisado los tribunales. Pero cuando fallecen por disparos, apuñalamientos, u otras formas de muerte violenta e intencionada, ya sea homicidio o asesinato, hay un extravío en las notas de prensa o de condolencia que aluden al género sin concretar la especie.

Calificar el execrable crimen de Barbate como simple «fallecimiento en acto de servicio» es algo que supera el tratamiento eufemístico y edulcorado de una tragedia para adentrarse en la banalización del mal. Todos los españoles que presenciaron el vídeo emitido por las televisiones supieron desde el primer momento cómo calificar lo sucedido. Lo digo porque, cuando escribo estas líneas, la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Barbate ha dictado auto decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para los seis detenidos que se encontraban a bordo de la narcolancha embestidora, y no por la 'brusca' embe stida a la zodiac de la Guardia Civil, sino porque están siendo investigados por dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a agente de la autoridad. El mismo día en que se ha conocido el auto de la juez escucho a un conocido tertuliano de La noche en 24 horas referirse a «la muerte» de los dos guardias civiles (no vaya a padecer el honor de los investigados). Se ha cometido un grave dislate institucional y ello invita a rectificar, evitando el sufrimiento de las familias, compañeros y amigos de las víctimas y de la sociedad entera, que es la beneficiaria de la misión de los guardias civiles, consistente (nada más y nada menos) en «la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

Más allá de lo dicho, ha habido un anormal funcionamiento del servicio público y ello debe generar un doble orden de responsabilidades. En primer lugar, la responsabilidad patrimonial del Estado frente los familiares de las víctimas, por el daño moral que supone la pérdida de un ser querido. El Consejo de Estado recuerda en su dictamen 435/2016 que ha venido reconociendo reclamaciones de responsabilidad en supuestos como los derivados de la realización de prácticas de tiro con material en mal estado, los atropellos negligentes, los daños causados por el accidente sufrido por un helicóptero averiado y las consecuencias de los accidentes debidos al mal estado de las instalaciones públicas.

En segundo lugar, estamos ante un caso de libro para que se asuma o se exija responsabilidad política. Antes de que se pueda producir su cese, el ministro Marlaska tiene ante sí una oportunidad para dimitir, un verbo que apenas se conjuga en nuestro país. El desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR) ha sido relacionado con la «notable reducción» de la incautaciones de hachís, según la Fiscal Delegada Antidroga en Andalucía, y la carencia de medios para luchar contra el narcotráfico se ha puesto de manifiesto de una manera cruda y sin paliativos con el envío de la referida zodiac para enfrentarse a malhechores pertrechados en poderosas narcolanchas. Aún se escucha el eco del griterío de los jaleadores que animaban a los delincuentes de la narcolancha asesina desde el muelle del Puerto: «¡A por Piolín, a por Piolín!»… «Ahí va la macana». «¡Embístele, embístele… dale fuerte!». Mayor devastación moral no cabe. Un acto de servicio ejecutado en tan precarias condiciones se convirtió en un macabro espectáculo, en un asesinato que ofende la dignidad de la toda la Nación. Veremos quién responde del clamoroso incumplimiento del deber de protección de la seguridad de los miembros de la Guardia Civil, previsto en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, porque responsabilidad, haberla hayla.