Los servicios públicos son la base de una comunidad

Así, en España, los servicios públicos forman parte íntima de nuestras vidas desde que nacemos, y nos acompañan durante el resto de nuestra existencia. Garantizándonos derechos fundamentales como la educación, la salud o la protección social. Por eso, cuando se nos recortan, cercenan nuestras vidas, nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra dignidad; y, al privatizarlos, nos venden para que alguien haga negocio a costa de toda la ciudadanía. Y, al cabo, con la exclusión de tantas y tantas personas de esos servicios, que son suyos per se, nuestra sociedad es cada día más injusta.

Porque, para una comunidad –ya sea la de un municipio, la de una comunidad autónoma o la de todo un país-, invertir en servicios públicos es invertir en democracia, en cohesión y en prevención para afrontar las dificultades que el futuro nos depare. Por eso, la educación, la sanidad y cualquier otro servicio público de interés general ha de llegar a todas las familias, independientemente de su capacidad económica. Más si cabe en este medio rural en el que coexistimos los jienenses, donde lo público cada vez está más infradotado y el modo de vida es más excluyente precisamente para las personas más necesitadas de protección.

En esta tesitura, la crisis de la covid-19 parece no habernos enseñando nada. No ha calado como debiera en quienes nos gobiernan en Andalucía, primeros garantes de los servicios públicos cedidos en su gestión a las comunidades autónomas como son la sanidad, la educación o el cuidado domiciliario de nuestros mayores. La infradotación de hospitales, de centros de salud y de residencias de mayores, la escasez del personal sanitario, la falta de camas, las pocas ayudas a la dependencia -con interminables listas de espera- o la precariedad de los servicios sociales dificultan de manera grave nuestras vidas.

Sin ir más lejos, en Cazorla, a día de hoy, quienes disfrutan de un seguro médico privado disponen de atención primaria o temprana en pleno centro del municipio. Sin embargo, quienes no pueden o, simplemente, no dan su brazo a torcer ante la abyecta venta de lo público, han de desplazarse para recibir esa misma atención básica sanitaria a más de 2,5 kilómetros del casco urbano. Jugándose la vida a pie por la carretera A-319 si no disponen de un vehículo para desplazarse hasta el hospital comarcal, tras el cierre –yo diría robo- de nuestro centro de salud.

Cazorla ha visto así derruida, de la noche a la mañana, una de las columnas que sostienen su comunidad vecinal. Siendo esta, como es lógico, transversal en lo político y también lo económico. Da igual el color del partido al que se vote, y si el trabajo que nos da de comer es el de peón de albañil o el de empresario de la construcción, el de agricultor o del funcionario de carrera. Todos y todas aquí nos sentimos aludidos por esa agresión a nuestra comunidad. Igual que si en lugar de robarnos el centro de salud hubieran hecho lo propio con algunos de nuestros colegios públicos o nuestro instituto de educación secundaria.

Y finalizaré esta pieza lanzando un aviso a navegantes, mediante un refrán muy popular: 'cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar'». Dirigido principalmente al resto de habitantes de esta comarca de la Sierra de Cazorla, potenciales usuarios del Hospital de Alta Resolución ahora reconvertido en centro de salud. Porque no deben descartar que, si la Junta de Andalucía ha sido capaz de perpetrar semejante robo aquí, ¿qué le impedirá hacerlo en el futuro en cualquiera de sus respectivas localidades? Si nos mantenemos impasibles, así se presenta el futuro que los hechos nos señalan y que yo predije hace años aquí mismo: a medio plazo este no será ya el hospital comarcal, será el centro de salud comarcal. Al tiempo.