La «rebelión» de las togas

El poder judicial es eso, un 'poder' dentro de nuestro orden constitucional, es el tercer poder, aunque sea obvio permítanme recordarlo, el poder legislativo, el que tiene el mandato del pueblo para elaborar leyes, el poder ejecutivo, mandatado por el legislativo para gobernar y el poder judicial, el encargado de interpretar y cumplir esas leyes. Pues bien asistimos, no sin cierto asombro, al descrédito de ese orden jurisdiccional, por la evidente politización de ese estamento, por la no renovación durante cinco años del gobierno de los jueces, el CGPJ, debido al bloqueo del PP, pero que contó con la aquiescencia tácita de los componentes del mismo, también por ciertas decisiones de jueces y magistrados con claro cariz político, por la ineficacia y lentitud para resolver casos, por las protestas de los jueces y fiscales de las organizaciones y agrupaciones conservadoras contra el Gobierno y lo último es la protesta, avisos de paro y 'huelga' por la preparación de la Ley de Eficiencia de la Justicia que prepara el Gobierno, la llamada 'Ley Bolaños'. La erosión del prestigio del Poder Judicial, así como la falta de credibilidad del mismo puede dificultar la aplicación efectiva de las leyes y la resolución de conflictos así como una disminución de la confianza de los ciudadanos en la justicia como garante de sus derechos y libertades.

Generalizar es injusto, hay muchos, sinceramente la mayoría, que ejercen sus funciones con total independencia e imparcialidad, otros he de decir que no; aún está fresca en nuestra memoria la protesta de jueces, sólo las asociaciones de jueces y fiscales 'conservadoras', en las puertas de los juzgados, con sus togas, antes, si antes, de que se supiera el texto de la Ley de Amnistía última sobre el 'procés' catalán. Ley que el Tribunal Constitucional, máximo y supremo intérprete de la Constitución en nuestro país y garante último de los derechos fundamentales y libertades públicas, ha declarado dicha ley como constitucional y por lo tanto ajustada a derecho, no sólo esto sino también hay que resaltar el éxito de dicha ley en la pacificación de la sociedad catalana. Los jueces deben aplicar las leyes y si tienen dudas pueden hacerlo por la vía constitucional de la cuestión de inconstitucionalidad, mecanismo jurídico que permite a los jueces y tribunales ordinarios suspender un proceso judicial y remitir al TC la duda al respecto. Lo que no pueden hacer es ejercer como actores políticos para impedir que se legisle. Ni tampoco se puede cercar a un Gobierno democrático con actuaciones inopinadas y díscolas de ciertos jueces sobre supuestos indicios ilegales de familiares del presidente del Gobierno o del Fiscal General del Estado, según opinión de eminentes juristas y que sería muy farragoso y extenso reflejar aquí todas esas decisiones judiciales controvertidas.

Hay que pedir mesura a los políticos para evitarnos el espantoso y burlesco 'perfomance' de cada semana en el Congreso con cargo a supuestos casos de corrupción, unos a la defensiva, no sé cómo va a salir Sánchez del último y grave 'affaire' corrupto de su mano derecha en el partido, y cómo va a continuar éste gobierno con los apoyos parlamentarios tan precarios, y otros, las derechas, con las prisas y las ganas de llegar a Moncloa a toda costa y a cualquier precio, aún el descrédito de la clase política, de ellos mismos y de las instituciones democráticas, aquí hago un inciso para señalar lo preocupante que es la incapacidad del principal grupo de la oposición, el PP, de formar cierta mayoría para una moción de censura. Hay que dejar trabajar a los jueces, nuestro sistema es muy garantista y todo habrá que sustanciarse adecuadamente y con todas los avales democráticos y procesales ante un juez, paciencia y que cada cual ejerza sus funciones en beneficio de la ciudadanía. No podemos arriesgarnos a que suceda en España lo que pasa en Estados Unidos, que Trump eligió cuidadosamente, tiene esa prerrogativa, a los jueces del Tribunal Supremo de allí que son los que pueden juzgar en última instancia a él, con varias, exactamente 34 acusaciones por juzgar, siendo elegido, por primera vez, un presidente convicto y condenado. Eso sí es un secuestro del estamento judicial en beneficio propio y que extiende a otros países, Trump ha amenazado a los jueces de Israel con dejar de ayudar a ese país si continúan con sus casos contra Netanyahu, menuda injerencia y chantaje del 'emperador naranja', pero esto es otra preocupante e inquietante historia.

En cuanto a las protestas del estamento judicial, el Consejo General del Poder Judicial, gobierno de los jueces, ha establecido que los jueces y fiscales no tienen derecho a huelga ya que no hay regulación legal que la avale, es más, el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe «dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del poder judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial»; pues lo hacen y eso crea aún más desconfianza entre la ciudadanía que aquellos que tienen que velar por el cumplimiento de la ley precisamente la incumpla. Permítanme la maldad, si se ponen en huelga y no está regulado tampoco le podrán detraer de su nómina lo equivalente a las horas de esa huelga como sucede con cualquier trabajador público o no.

De una atenta lectura de la llamada 'Ley Bolaños' ésta introduce becas y más transparencia para acabar con el sistema elitista de oposiciones que sólo favorecen a quienes puedan pagarlo, algunos jueces no quieren tribunales colegiados, lo que obligaría a trabajar en equipo y justificar decisiones, no quieren perder privilegios internos, más control, movilidad y menos ascensos automáticos. No quieren que se fomente la mediación, quieren que todo pase por ellos aunque el sistema esté saturado. No quieren digitalización del control de tiempos, no quieren que nadie mida su eficiencia, parece en resumen, que no quieren perder poder, ni privilegios, ni control. Creo que la reforma va de acercar la justicia a la ciudadanía, de hacerla más equitativa, igualitaria y más moderna. Es más, esas asociaciones de jueces y fiscales convocantes del paro, piden que se retire la ley, es decir, que otro poder, el poder legislativo no ejerza ni legisle, piden inmovilismo, no presentan mejoras o textos alternativos, sólo que no se legisle y eso no es de recibo en un país social, democrático y de derecho como es el nuestro. En definitiva, cuando los jueces se convierten en barrera y no en garantía de derechos, la justicia deja de ser un pilar democrático para transformarse en un obstáculo al progreso social.