Grandes parques fotovoltaicos versus tejados

Por otra parte, la generación, distribución y venta de toda la energía está en manos de un pequeño grupo de compañías, el dominado oligopolio energético, íntimamente unido a la esfera política a través de las puertas giratorias. Más de una veintena de ex altos cargos políticos forman o han formado parte de los consejos de dirección de las compañías, incluidos expresidentes de gobierno como González y Aznar.

Si queremos conservar unas condiciones que permitan a la especie humana sobrevivir de manera digna, de cara al cambio climático, como sociedad estamos obligadas a dejar atrás este tipo de energías contaminantes. Hace poco tiempo el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que avanzamos a un futuro muy incierto pues, en sus propias palabras: «Le habíamos abierto las puertas al infierno». Para mantener el incremento de temperatura a 1,5 grados, como dictan los 'Acuerdos de París' debemos dejar ya de quemar petróleo, carbón y gas. ¡Así de claro!

Ante esta situación, la Unión Europea ha dictado directrices obligada al querer dejar de comprar gas a Rusia tras la invasión de Ucrania. El 'Plan REPowerEU' propone añadir 600 gigavatios fotovoltaicos de aquí a 2030; esto en superficie supondría ocupar el equivalente a toda la provincia de Granada más la mitad de Almería.

En este contexto España plantea a través del 'Plan Integral Nacional de Energía y Clima' que antes del final de esta década la mitad de la energía final que utilicemos y el 81 % de la eléctrica sea de origen renovable. El consumo energético actual de España es de 1.375 millones de megavatios hora, si tuviéramos que producir esta elevada cantidad con paneles fotovoltaicos ocuparíamos una superficie similar a la que mide la provincia de Granada.

Esto supone para nuestra provincia una lluvia de proyectos energéticos, más de un centenar entre eólicos y fotovoltaicos sin planificación alguna y con la declaración de 'utilidad pública'; más bien de 'utilidad privada' pues los proyectos sobrepasan con creces nuestra demanda actual y muchos de ellos no son construidos por las empresas que solicitan su instalación, sino que son utilizados para especulación financiera pasando decartera en cartera de unos fondos de inversión a otros, creando plusvalías ajenas a los intereses públicos.

Evidentemente la Unión Europea piensa en España y más concretamente en el sur para la instalación de las plantas fotovoltaicas y esto supone que Andalucía sea considerada una tierra de sacrificio, es decir la región que una vez más, va a ser sacrificada para beneficio de intereses ajenos, continuando con la misma lógica económica de siempre, suministrar productos sin crear valor añadido, perdiendo uso de suelo en un momento en que es necesario preservar aire, agua y suelo, dejando un gran impacto ambiental y paisajístico.

Los grandes parques eólicos y fotovoltaicos no crean demasiados puestos de trabajo, una vez instalados el control se realiza telemáticamente y solo necesitan vigilancia y limpieza. De hecho, las comarcas que han sido pioneras en renovables no ha dejado de perder población. Sin duda hay que ir a una transición energética hacia las renovables, pero esta debe ser justa y democrática poniendo especial hincapié en la generación distribuida o descentralizada y el autoconsumo. Así, de forma participativa se debe decidir cuánta energía queremos utilizar y dónde queremos producirla. Es urgente una planificación del territorio desde el punto de vista energético.

En España, según el Observatorio de Sostenibilidad, tenemos más de 176.000 hectáreas de tejados útiles para poner placas solares, que producirían el consumo eléctrico de la totalidad de los hogares del país. Esto supondría una inversión de 246 mil millones de euros amortizables en un periodo de entre cuatro y cinco años, y crearían más de trecientos mil puestos de trabajo de cercanía y calidad.

La inversión puede ser asumida por el Estado, la amortización correría a cargo de las personas usuarias dependiendo de su recibo actual, sin suponer sobrecoste. Se trataría de energía de cercanía, autoproducida, sin oligopolio, barata, no contaminante, eliminaría pobreza energética y se crearían puestos de trabajo locales para instalación y mantenimiento. Si queremos averiguar por qué no se realiza, debemos mirar los señalados lazos que unen a las empresas del oligopolio energético con el mundo político.

Soluciones hay, para que la necesaria transición energética de la cual pende nuestro bienestar, se haga de forma justa, ecológica y planificada con criterios democráticos y eficientes. De las administraciones depende hacerlo y de la población exigirlo.