Vivienda

La planificación en política de viviendas exige, por su tramitación burocrática y papeleo, incluida la misma construcción, un periodo entre siete y diez años. A un mes de las elecciones, ha sonado la campana del ring y la propaganda gubernamental irrumpe para intentar hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La inconcreción y las prisas en los anuncios para poner a disposición estas viviendas, para no pillarse las manos, apunta a que será otra promesa política más incumplida. La prueba está en que las cincuenta mil viviendas de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para el alquiler social, que gestiona los activos de los bancos que no pudieron poner en el mercado a precio de saldo, se han convertido en infraviviendas que no son habitables o están okupadas o están ubicadas en zonas de baja demanda. No olvidemos que se trata de los activos tóxicos de las Cajas de Ahorros arruinadas por los políticos y sindicatos que tuvieron que ser rescatadas con dinero público, y de ahí la denominación de banco 'malo'.

Construir un proyecto de viviendas sobre las ruinas de una de las mayores crisis económicas, nos aboca a agravar más el problema, en vez de ofrecer soluciones posibles. El Gobierno interviene el precio del alquiler, que lo regula de forma natural el mercado mediante la oferta y la demanda. Al alterar dichas relaciones, desprotegiendo la propiedad privada, desincentiva a los inversores y agrava el efecto que pretende evitar; en eso consiste la política inmobiliaria implementada en Barcelona, París o Berlín. Las asociaciones de afectados por la ocupación, constituidos por pequeños ahorradores e inversores, denuncian que sus inquilinos se convierten en ocupas ('inquiocupas'), y que la ley proteja más a los okupas que a los propietarios.

Los procesos judiciales de lanzamiento de los ocupantes ilegales de viviendas que, por supuesto, no pagan, se les concede prórrogas, con lo que los procesos pueden durar más de 2 años. Si, además, los okupas demuestran que son personas vulnerables, los plazos se alargan, hasta reconducirlos a procesos extrajudiciales. En una mala praxis del principio de la función social de la propiedad se ampara a quienes ilegalmente perjudican a los propietarios de las viviendas, sin que se distinga entre okupas y ocupas. A los propietarios de pisos en alquiler no les queda más remedio que acudir a los tribunales por la vía civil o penal. Esto implica gastos de procurador y de abogado, que no podrán reclamar a los inquilinos que se declaran insolventes.

La situación se complica cuando los 'desahucios exprés' tardan, según qué juzgados, no menos de seis meses a un año, siempre y cuando no estén de huelga los funcionarios de justicia. Se puede interponer una denuncia penal, pero, salvo que el delito sea 'in fraganti' será complicado demostrar la usurpación, allanamiento de morada o el robo con fuerza en las cosas de los okupas. No existe procedimiento alguno para expulsar a los 'okupas' en 48 horas, y esta medida sí que podría resolver o atenuar este problema.

La intervención de los precios de los pisos de alquiler y la inseguridad jurídica provoca que disminuya la oferta y aumente el precio. La oferta del alquiler ha caído un 28% en los últimos cuatros años, situación que ahora se agrava con esta ley, según los portales inmobiliarios. Datos que coinciden con la disminución en un 30% de los seguros de impago de alquileres, porque ante este panorama los propietarios se lo piensan dos veces antes que alquilar sus viviendas. Es lo que tiene legislar a golpe de ideología, en este caso comunista e intervencionista, porque se cargarán el mercado del alquiler.