'Lawfare'

La ministra portavoz, Pilar Alegría, aprovecha sus comparecencias institucionales para atacar al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, dándole lecciones de derecho procesal, explicándole la diferencia entre las pruebas y los indicios. El refinado ministro Puente no tiene reparos en calificar de «oposición real al Gobierno» la actuación de este magistrado. Contra la juez Biedma apuntan desaforadas invectivas, por haber osado imputar al hermano músico de Sánchez, con el espectáculo del aforamiento exprés del diputado socialista Gallardo. También han acusado de prevaricar al juez Peinado, por imputar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, catedrática de la Complutense, por tráfico de influencias. Resulta comprensible que genere un gran desasosiego en el Gobierno, henchido de ínfulas de superioridad moral, que se dicte auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El 'Financial Times' titula que España es el único país de Europa que mantiene imputado al FGE. Éste filtró al ministro de la Presidencia de la Moncloa, un procedimiento del novio de Isabel Díaz Ayuso, su principal oponente política, para utilizarlo de forma torticera en la Asamblea madrileña.

Este imputado tendría que haber cesado 'ab initio' de su cargo, por higiene democrática, preservando siempre el principio constitucional de la presunción de inocencia. Como se ha negado a hacerlo, con el apoyo del presidente Sánchez, está lesionando y desprestigiando esta institución y la de todos los fiscales honrados. En vez de actuar con dignidad e independencia ha ligado su suerte al poder, pensando en la protección del Inconstitucional. Podía haber imitado al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, en tiempos de Felipe González, que dimitió de su cargo antes de que el Tribunal Supremo declarara su nombramiento no idóneo, y no planteó una guerra judicial. También se está instrumentalizando la justicia, cuando se aprueba una ley de Amnistía 'ad hoc', 'autoamnistía', para los independentistas condenados en el 'juicio del procés' por el Tribunal Supremo, por los delitos de sedición y malversación, siendo ponente el magistrado Marchena. Y como el politizado Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido sabemos de quién depende, ha mandado elaborar una ponencia de la sentencia a la magistrada Inmaculada Montalbán, para blanquear esta ley. Se ha filtrado a la opinión pública los 191 folios, en donde fundamenta su constitucionalidad en que «todo lo que la Constitución no prohíba es constitucional», y en constituir una garantía para la convivencia. Así podemos llegar al absurdo de que todas las defensas podrían solicitar la libre absolución de sus defendidos, para garantizar la convivencia.

Desde Bruselas, la Comisión Europea, supervisora de la aplicación del derecho comunitario, ha trasladado al TJUE, que la ley de amnistía no responde a un interés general reconocido en la Unión, sino al interés de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, como contraprestación al acuerdo político de lograr la investidura del Gobierno de España. Éste ha desoído las recomendaciones de la Comisión de Venecia de no dividir a la clase política, las instituciones, el mundo judicial y la sociedad española. Además, se pretende reformar la justicia y que los fiscales sean los instructores de las causas penales, ampliar el acceso a la carrera judicial obviando los requisitos objetivos de mérito y capacidad. Cicerón haría este reproche a quien 'The Times' denomina como 'El galgo de Paiporta': «¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?».