Acusación

El presidente Sánchez tiene a gala la dependencia con «mi» fiscal general del Estado, imputado por el Tribunal Supremo. Esta institución procesal se remonta a la Grecia de Aristóteles, al derecho romano de Paulo: «llamamos acción popular a la que ampara el derecho propio del pueblo», o en las Siete Partidas de Alfonso X 'El Sabio'. Ha estado presente en la Constitución de Cádiz, la liberal, la republicana y en la actualidad, por entender que la justicia es democrática y emana de la soberanía popular. Así se recoge en el artículo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882: «Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en esta ley». Este Gobierno autocrático, pretende eliminar la acusación popular y la paridad de armas hasta ahora existente con la acusación del Ministerio Público. En algunas ocasiones, se ha podido realizar un uso abusivo de esta institución, por asociaciones, partidos políticos o sindicatos para atacar al oponente ideológico. Sin embargo, en muchas otras, como los casos Botín, Gürtel, Bankia, ERE de Andalucía, Púnica, Koldo, Villarejo, Alvise Pérez, Lalachús (contra el Sagrado Corazón) o Nóos, también conocido como asunto Urdangarin, entonces marido de la infanta Cristina, se exigieron responsabilidades penales a raíz de las querellas de la acusación popular. El Tribunal Constitucional (resultaría previsible adivinar el sentir de Conde-Pumpido) ha advertido que una interpretación restrictiva de la acción popular puede reputarse contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. La acusación popular sirve de contrapeso y equilibrio a la concentración de poder del Ejecutivo, de quien depende el Ministerio Fiscal, como ha reiterado su presidente. Parece conveniente regular esta institución, pero no en los términos que ahora pretende el Gobierno, con el objetivo de vaciarla de contenido. Esta figura procesal se desnaturaliza cuando se restringe el tipo de delitos por los que se puede ejercer la acusación popular, y al asimilarla a la acusación particular. Además, la acusación popular no podrá intervenir durante la instrucción, limitándose a presentar la querella y comparecer en el juicio oral. Se desautoriza las investigaciones periodísticas como fuente de 'notitia criminis', lo que contradice a medios como 'The Washington Post', cuyas indagaciones destaparon el 'Watergate'. De este modo, se cercenan los derechos democráticos y constitucionales de los ciudadanos, limitando la posibilidad de que, en expresión de Montesquieu, el poder controle al poder.

El gobierno socialista realiza un 'lawfare' contra las resoluciones judiciales que le incomodan y la libre expresión de los jueces, a quienes se les insta a recusarse o abstenerse, en el caso de haber vertido opiniones sobre asuntos jurídicos en conferencias o medios de comunicación. Este escenario nos recuerda la auto-dictadura de Maduro en Venezuela, para perpetuarse en el poder. Así, para el ministro Bolaños, las acusaciones populares son 'ferias de ultras'. Todas las asociaciones de jueces han denunciado que con esta proposición se vulnera el Estado de derecho, se rompe con el espíritu de la Constitución y se quiebra el juego de contrapesos que otorgan estabilidad al sistema democrático. Con Cicerón: ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?