Aborto

Veinticinco años más tarde, el 5 de julio de 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entró en vigor la Ley Orgánica 2/2010, calificada con el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Esta ley de plazos despenalizaba la práctica del aborto durante las 14 primeras semanas de gestación, ampliándose hasta la semana 22, en caso de grave riesgo para la salud de la madre y en cualquier momento en caso de malformación del feto. El consentimiento de las menores de 16 y 17 años para abortar correspondía exclusivamente a ellas, sin necesidad de autorización de los padres.

Esta ley, también conocida como la 'Ley Aído', fue aprobada por 184 votos a favor y 154 en contra, entre ellos los del PP, UPN, UPyD, CC y siete diputados de CiU. Esta ley fue recurrida por el PP al Tribunal Constitucional, que, en 2023, después de trece años, desestimó el recurso, así como las recusaciones contra Conde-Pumpido por haber sido fiscal general del Estado, Juan Carlos Campo (fue secretario de Estado), e Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, anteriormente vocales del CGPJ. En 2012, el ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, anunció la reforma de la ley del aborto para volver al sistema de supuestos de 1985, pero dimitió al retirar el Gobierno el proyecto de ley. Esta reforma se limitó a las modificaciones de 2015, en donde las menores de 16 y 17 años necesitarían el permiso paterno para abortar.

Por último, con la reforma de la Ley Orgánica 1/2023, el Gobierno de Sánchez, eliminó esa exigencia y el periodo obligatorio de reflexión previo a abortar. El número de niños abortados durante este tiempo supera los tres millones, y durante las últimas dos décadas la cifra de 100.000 anuales. Representa la principal causa de muertes, por encima de enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes o guerras. Si además, las defunciones superan los nacimientos, no se asegura el reemplazo generacional, abocando al suicidio demográfico.

Las políticas sociales están centradas en asuntos como la inmigración, la vivienda o la protección social. Sin embargo, de forma contradictoria se destinan más recursos para favorecer el aborto que a incentivar la natalidad. Actualmente, ningún partido político de gobierno (PSOE o PP) defienden al ser humano más indefenso de la sociedad —el concebido y no nacido—, frente a las decisiones exterminadoras de sus progenitores. Hasta ahora, el único que lo hacía, el PP, parece que ha tirado la toalla, como se refleja en la Ponencia de su Congreso, celebrada hace unos días, sin mención al aborto.

El hecho de que el aborto sea legal, incluso un derecho, no impide que pueda calificarse como uno de los mayores ataques contra la humanidad. La deriva insolidaria de la sociedad ante la vida de millones de seres humanos que no llegan a ver la luz, representa un síntoma de decadencia y de barbarie. No obstante, existen asociaciones que promueven la cultura de la vida y que aportan soluciones positivas a este problema acuciante. Es necesario un cambio radical de planteamiento, para que, desde los poderes públicos, se ayude a las madres que atraviesan situaciones de angustia, y ofrecerles una alternativa digna y esperanzadora para seguir con su embarazo. Con la educación sexual en la familia y el colegio, los medios de comunicación, el impulso de los poderes públicos para facilitar la adopción, proporcionar ayuda económica y psicológica, y que ninguna madre contemple el aborto como la única solución.

Comparto la convicción de que hay que proteger la vida de todos los seres, evitando el mal trato, y con mayor razón del 'nasciturus', que además es un ser racional, «uno de los nuestros», la especie de mayor dignidad de la creación. Si nos alegramos de la vida se lo debemos a los cuidados de nuestros progenitores. Así lo hicieron los padres de Beethoven, Steve Jobs, Cristiano Ronaldo, Celine Dion, Jack Nicholson, Andrea Bocelli o Juan Pablo II.