Iuris tantum

Poner en contexto la relevancia del llamado 'conflicto de Cataluña', así como su extraordinaria incidencia en los procesos políticos recientes en España, nos obligaría a remontarnos a finales del pasado siglo, cuando algunas organizaciones políticas catalanas plantearon la necesidad de afrontar una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en el año 1979 y que consideraban ya obsoleto. Reforma a la que, paradójicamente, Convergència i Unió (CiU), la organización nacionalista conservadora que ocupaba el Gobierno de la Comunidad desde la restauración de la Generalitat, no se mostró muy receptiva, a causa del acuerdo firmado en 1996 por Jordi Pujol con el PP de José María Aznar (Pacto del Majestic), por el que ambas organizaciones se conjuraban a apoyarse mutuamente en ambos parlamentos y por el que CiU se comprometía a no modificar el Estatuto de Autonomía.

Desde entonces, la cuestión catalana ha ido tomando cada vez mayor relevancia en la actualidad política, social, cultural y judicial, hasta el punto de expandirse y afectarlo todo como la reproducción de un tumor maligno. Es difícil no ver el concurso del conflicto catalán en la orientación de estrategias y discursos políticos de los últimos años, en el surgimiento de ciertas tendencias electorales recientes, en el establecimiento de la agenda mediática y hasta en el cambio de hábitos de consumo. Cataluña no es España, aunque pareciera serlo por fagocitosis.

Y por fin, el 'Juicio al Procés'. Una causa a la que casi todos los actores, sean organizaciones políticas, opinadores en medios de comunicación o representantes en instituciones, se han empleado con denuedo para convertirla en elemento de afirmación política, de enfrentamiento partidario y de desgaste del adversario, a la vez que formalmente, sin ningún sonrojo, apelaban al respeto a la independencia y los procedimientos judiciales. El 'Juicio al Procés', seamos sinceros, se ha considerado alternativamente como el enjuiciamiento de los más altos valores de la Democracia y el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos por unos, o como la defensa del Orden Constitucional y el modelo de convivencia surgido del 'Espíritu del 78' frente a la amenaza del secesionismo insolidario por otros.

Pues bien, ni lo uno ni lo otro. Una causa penal enjuicia conductas que estén tipificadas como delitos por el Código Penal. El proceso establece una serie de principios y garantías, entre los cuales se encuentra la presunción de inocencia, recogida en el artículo 24 de la nada amenazada Constitución Española, y a la que los procesados en este caso deberían estar muy agradecidos. Esta presunción 'iuris tantum' hace recaer la carga de la prueba sobre quien acusa, en este caso el Estado, a través de fiscales y abogados, y acusación particular, ejercida de manera oportunista, aunque con escaso provecho judicial, por el partido político VOX, que obtiene del proceso un magnífico escaparate político.

Cuanto mayor sea el ilícito demandado mayores serán las exigencias probatorias. Al enorme dimensionamiento político del proceso, la relevancia de los delitos imputados y la desmesura de las medidas cautelares adoptadas, con la prolongada privación preventiva de libertad de líderes sociales y de todo un Gobierno, solo faltaba Groucho Marx gritando ¡más madera, es la guerra! La realidad, finalmente, podría llevarnos a concluir que para este viaje no hacían falta tales alforjas...