Pepe 'El Tomillero' arranca la jornada de encuentro semanal echándose mano a la libreta de apuntar las cosas y lamentando la existencia de una serie ... de noticias derivadas directamente de ese afán que suelen tener nuestros administradores de esconder las cosas por más que saquen pecho cuando hablan, ante micros, cámaras y plumas, de transparencia. Pero algo debe fallar, comenta mi amigo, cuando hay, según los datos que se facilitan a través de los medios de comunicación, entre ellos IDEAL, dos millones de personas que no pueden beneficiarse del bono social energético al que tienen derecho «fundamentalmente por desconocimiento», según reconoce el propio Gobierno.
Hasta ahora no hay noticias de que quienes gobiernan ni quienes están en la oposición hayan tomado alguna iniciativa para que quienes tienen derecho a ello puedan obtener de oficio el beneficio que les corresponde. «Simplemente no interesa, y ya está», apunta 'El Tomillero' antes de lanzar al aire lo fácil que es encontrar a los ciudadanos para cobrarles una sanción y lo imposible que es hallarlos para darles una recompensa o hacerles simplemente una devolución de lo que han pagado de más por un error de quienes nos administran. Ni siquiera la Agencia Tributaria, la Hacienda de toda la vida, devuelve si no se le pide. Hay que pedirlo expresamente o quedarse sin lo que a uno le corresponde.
Además del bono energético o eléctrico, tanto monta, hay prestaciones, subvenciones, ayudas, reducciones... que parecen escondidas en los tablones de anuncios de las diferentes administraciones competentes. Si se trata de un tablón físico basta con ponerse a leer los papelillos que contiene -dicho sea de paso, algunos amarillean del tiempo transcurrido desde que se colgaron posiblemente para hacer bulto y dificultar su hallazgo o el de otros documentos-, pero si se trata de un tablón electrónico, de esos que también se llaman digitales y que están en un lugar virtual, la cosa se complica salvo que el usuario, además de paciencia, tenga profundos conocimientos de ingeniería informática, intuición, sepa inglés y se haya pertrechado con certificado digital de la FNMT o de cualquier otro organismo autorizado, disponga de varias versiones de programas de uso informático normal, y que uno de ellos sea además el de firma digital validada por el órgano competente.
Además debe contar con contrato de voz y de datos, tener instalada una red wifi y rezar para que la Administración a la que se dirige tenga actualizados los programas que van a usarse en común. Si, para colmo, el sufrido usuario, el administrado, el contribuyente, el español que diría Rivera, es abuelo y jubilado, posiblemente, pero en muchísimos casos, desistirá y confiará en que, por una vez en su vida, no lo engañen.
Además, sucede que ese movimiento solidario de la vecindad, del movimiento social más cercano, anda preparando fiestas y excursiones y en la sede central cedida normalmente por el ayuntamiento de cada pueblo y ciudad, ese 'localillo' que se dice es de todos, pero que realmente es de quienes tienen la llave, no dispone de medios de uso colectivo y desde los mismos -salvo honrosas excepciones que 'El Tomillero' sabe que existen-, no se gestiona ni bono social, ni IRPF, ni solicitudes de bonobús gratuito, ni becas, ni nada de nada... y por eso, y porque fundamentalmente a nuestros administradores y políticos en general no les interesa, hay ciudadanos y ciudadanas que no gestionan sus derechos, que renuncian a ellos porque nadie, en definitiva, les ha dicho que los tienen.
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