La insensatez de una ministra

Una de las más recientes, del pasado día 21, tiene como actora a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra, que defiende que «todas las presas (pantanos) construidas había que reducirlas a escombro porque son franquistas», o sea, ejecutadas por el régimen de Franco y «hay que abandonar todo lo realizado por el dictador».

Estas palabras en boca de una ministra del Gobierno de España denotan, por una parte, su falta de una elemental instrucción para ostentar tan alto cargo y, de otra, el peligro que entraña una idea tan populista y errónea.

La ausencia de conocimiento histórico es manifiesta e imperdonable en una persona que se dedica y vive de la política y debía saber que lo atribuido a Franco no es tal. Esas presas (pantanos) que ella condena y pide su aniquilamiento estaban contempladas en el Plan Nacional de Obras Públicas (Obras Hidráulicas) de 1933, siendo ministro del ramo Indalecio Prieto y redactado por un eximio ingeniero de caminos, Manuel Lorenzo Pardo, impulsor también de las Confederaciones Hidrográficas en 1926, siendo ministro de Fomento Rafael Benjumea y Burín, conde del Guadalhorce.

El Plan Nacional de Indalecio Prieto fue señalado por el periodista Josep Plá, entre otros, como el más inteligente de la historia. Por los motivos de todos conocidos no pudo realizarse, más concluida la guerra civil, Alfonso Peña Boeuf, ministro de Obras Públicas del primer gobierno de Franco, lo hace suyo. Y cabe preguntarse: ¿por qué? Sencillamente. Porque era una buen plan. Prácticamente todas las presas construidas hasta los años ochenta del siglo pasado estaban contempladas en el Plan de 1933 de Indalecio Prieto Tuero.

La ministra debía conocer la Geografía de Estrabón, que describe Iberia-Hispania como país montañoso, de tierras extensas de suelo pobre y desigualmente regado. La ministra debía saber que siempre hubo una España húmeda y otra seca, entonces no se hablaba del cambio climático, y que ésta se extiende por las dos Castillas, Aragón y parte de Extremadura donde el agua de lluvia no alcanza los 400 litros/m2 año y el sureste peninsular, Murcia y Almería, donde hay años que no llegan a 100 litros/m2 y donde la evotranspiración potencial supera los 1.600 mm. Hace años se simuló qué garantías de demanda se podrían satisfacer en Francia sin obras de regulación (pantanos) de los ríos franceses. El resultado fue del 40%. Esa misma simulación en España arroja un resultado del 8%. Entérese ministra.

Pero vayamos a lo más cercano como es nuestra ciudad. El conflicto por el aprovechamiento de las aguas del río Genil entre los regantes de la vega y el Ayuntamiento de Granada fue constante durante muchos años, arbitrándose en 1946 un laudo conocido como 'Acuerdo Brugarolas' por el que se asignaba el 52% de las aguas fluyentes para regadío y el 48 restante para abastecimiento de Granada. Si el río Genil tuviese un caudal suficiente durante los 365 del año no habría presentado problema en su aplicación pero un río con un estiaje de 4 a 5 meses al año provocado por la ausencia de nieve en Sierra Nevada hacía aflorar las viejas tensiones entre regantes y ayuntamiento. No hay otra alternativa que la regulación del río y así se realizan sendos anteproyectos de Quéntar y Canales en 1957, cuyo autor fue Carlos Fernández Casado y es Guillermo Bravo Guillén, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, quien los proyecta y dirige su construcción, que culminan en 1975 y 1983, respectivamente. Desde su entrada en servicio la probabilidad de abrir un grifo en Granada y su área metropolitana y que salga agua alcanza casi el cien por cien, haciendo compatible el abastecimiento a la población y el regadío de la vega de Granada. He aquí dos pantanos franquistas y como éstos, ministra, y con idénticos fines, suman cientos distribuidos por toda España.

El segundo peligro, el populismo, se vive estos días con la presa de Los Toranes en la provincia de Teruel sobre el río Mijares. Construida en 1943 para aprovechamiento hidroeléctrico y cuya concesión se extinguió hace unos años. Por ley, los bienes construidos en dominio público hidráulico, una vez caducada su autorización, pasan a formar parte de Patrimonio del Estado. La pugna entre las asociaciones conservacionistas, partidarias de su demolición, y los ayuntamientos de pueblos afectados no ha hecho más que empezar. Los primeros pretenden devolver al río a su estado inicial. Los segundos beneficiarse de su regulación para actividades deportivas, turísticas y regadío. La última palabra la tiene el ministerio competente, Transición Ecológica, presionado en este caso por Bruselas que aboga por la recuperación de los ríos sin tener en cuenta las latitudes del territorio, estableciendo para su aplicación el mismo criterio para los países del centro y norte de Europa que para los del sur europeo, incurriendo en un error inexcusable al tratarse de climas distintos.

Lo menos que podemos pedir los españoles a personas que ocupan tan alto rango, nada menos que ministra del Gobierno de España, es prudencia en sus manifestaciones y calibrar su repercusión en el comportamiento de las personas.

Usted está ahí para engrandecer España y a los españoles en la medida de sus posibilidades. No para hundirla.