Inaplazable reforma

Este panorama es de todo, menos novedoso. También lo es, por desgracia, la tentación de las instituciones de aparcar 'sine die' una respuesta ya inaplazable, como si el paso del tiempo fuese a resolver por sí solo uno de los grandes retos que tiene por delante el país. La reforma de las pensiones no admite más demoras. La recesión provocada por la pandemia no hace sino agudizar su necesidad. Resulta urgente que la Comisión del Pacto de Toledo reanude a la mayor brevedad las negociaciones en busca de un acuerdo realista, asumible por la gran mayoría y los agentes sociales, que no esté al albur de los vaivenes en el Gobierno y garantice la viabilidad del sistema a medio plazo sobre la base de unas prestaciones dignas. Mirar hacia otro lado, como han hecho las fuerzas políticas en el pasado reciente, no conduce a ninguna parte; solo agrava el problema y enreda su solución.

El catálogo de posibles medidas es conocido y suficientemente amplio como para suscitar un profundo debate que conduzca a la combinación de las más adecuadas para encauzar este reto. También son sabidos los pros y contras de cada una de ellas. El hecho de que puedan resultar impopulares al implicar sacrificios no debe empujar a la inacción a los poderes públicos. Gobernar es encarar las dificultades y decidir en cada momento lo que conviene, que no es necesariamente lo más sencillo ni lo que la mayoría desea oír. Retrasar la reforma solo elevará el riesgo de una injusticia social: condenar a los trabajadores que mantienen hoy el sistema a asumir en solitario su coste según se jubilen o a los jóvenes a soportar en el futuro un coste excesivo, cuando los esfuerzos deberían ser compartidos.