Un TC dividido en una ley divisiva

El debido respeto al ordenamiento emanado de la Carta Magna obliga a reconocer la legitimidad de la sentencia del TC. Pero que la deliberación sobre la legalidad de la ley haya partido en dos a la corte de garantías constituye no tanto la evidencia de un hondo debate jurídico, como una proyección más del carácter divisivo de este perdón, concebido no para apaciguar la tensión política y social en Cataluña –ese es el envoltorio argumental sobrevenido–, sino para atar la investidura de Pedro Sánchez. Y la mayoría progresista del tribunal ha aceptado el coste de asumir la exposición de motivos que diluye la responsabilidad intrasferible del separatismo en la intentona ilegal de quebrar la legalidad constitucional y estatutaria, imponiéndosela a más de la mitad de los propios catalanes.