Hoteles, políticos y ecologistas

Ahora viene la hipocresía al hacer referencia al coste del derribo, y el perjuicio a la economía local de los pueblos afectados. La demolición costará unos 33 millones de euros a los extremeños, más las indemnizaciones pertinentes, sobre unos 110 millones, a los promotores y propietarios que compraron un chalet de lujo en un Espacio Protegido, y no urbanizable, declarado Zona de Especial Protección para las Aves e incluido en la RED Natura 2000.

Dineral que se hubiesen ahorrado si cuando los malvados, insensatos y amargados ecologistas (así los han llamado estos días en algunos medios) avisaron, al comenzar el proyecto, de que estaban cometiendo un delito ambiental. Su respuesta fue la soberbia y el cambio de uso del suelo aprobado por los dos partidos mayoritarios en ese momento, PP y PSOE, en la Junta de Extremadura. En vez de cumplir las leyes europeas, intentaron modificar las locales a su antojo para sortear el escollo que se les presentaba y salvar un proyecto que se anunció con una cena a todos los vecinos para que lo apoyasen.

Lo peor de este caso, que recuerda al indestructible Algarrobico de Carboneras, es que quienes se saltaron la ley, no van a ser castigados. El presidente Fernández Vara, que en 2007 comenzó el proyecto, no será inhabilitado por no haber sabido interpretar las leyes, o por haberlas malinterpretado, o por haberlas ignorado. Que los ecologistas sepan de leyes más que nuestros políticos es algo que nos debería dar que pensar y preocupar. Pero eso da igual, porque primero hacemos, disparamos, destruimos y luego, si alguien denuncia, aguanta las presiones, los chantajes y las amenazas, pues ya veremos como lo solucionamos.

No solo hay que derribar de inmediato las construcciones ilegales, sino que hay que pedir responsabilidades a quien firma los proyectos sabiendo que van en contra de la ley, y si no lo sabían, por su incompetencia y negligencia.

En Andalucía está semana hemos asistido a las declaraciones del presidente Moreno Bonilla 'donde anuncia que va a legalizar 1.400 ha de cultivos que están secando los acuíferos de uno de los Parque Nacionales más importantes de toda Europa. Y lo hace a pesar de las discrepancias de los agricultores legales y de las advertencias del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad Europea de que lo que está haciendo no va a ser aprobado de ninguna de las maneras porque es ilegal y sería sentenciar el P.N. de Doñana ¿No habría que castigar al señor Moreno por ir pasado de 'revoluciones verdes' antes de cometer un ecocidio? A él, y a todos los socialistas que se han abstenido por miedo a perder votos locales. A todos los que se saltan la ley, sabiendo que lo están haciendo, habría que inhabilitarlos.

Y a nivel local, tenemos el hotel de Genoveses en el P.N. de Cabo de Gata que tiene enfrentado a la Junta de Andalucía, que ha autorizado su construcción, y al Ayuntamiento de Níjar que considera que no debe dar la licencia oportuna para empezar las obras, pero que al final, su alcaldesa le reconoce a los ecologistas, tendrá que hacerlo porque no puede arriesgarse a que los jueces le den la razón a la Junta y haya que indemnizar a los propietarios.

¿No sería más inteligente, más práctico y más barato, que la justicia se pronunciase antes de dar las licencias, de empezar las obras, de saltarse las leyes, de destruir el medio ambiente? Ganaríamos en credibilidad y seguridad, pero no, hay que esperar a que todo esté hecho y que una valiente como Paca no sucumba a las presiones de codiciosos constructores y políticos ¿incapaces, corruptos, negligentes? que consideran que por ostentar el poder pueden hacer lo que les dé la gana.

Gracias a todas las Pacas y Pacos por no rendiros, por hacer cumplir las leyes, por defender vuestros pueblos, por dejar en evidencia a Goliat.