Antes historia que memoria

De entrada, y aunque la redacción del proyecto de Ley ha contado con los informes previos del Consejo de Estado y del CGPJ, una interpretación extensiva del concepto de 'víctima del franquismo' generará dificultades en tanto que se pretende un censo de las mismas. La anulación de pleno derecho de los procedimientos administrativos y judiciales, y de las sanciones y sentencias emitidas exigiría también una identificación precisa de los casos que sería muy complejo establecer. La creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos sobre los que no podría instar una actuación judicial resulta cuando menos cuestionable. Consignar incautaciones patrimoniales realizadas por el régimen dictatorial o a su amparo podría generar más problemas que soluciones justas.

En segundo lugar, resulta paradójico que una ley que obligaría al más amplio consenso, y para la que el ministro Félix Bolaños reclamó ayer la unanimidad de las Cortes Generales, esté probablemente abocada, si acaso, a su aprobación por mayoría simple. El proyecto del Consejo de Ministros es, en realidad, del PSOE. Para tramitarlo Pedro Sánchez precisará del apoyo de su socio de coalición –Unidas Podemos–, del PNV y de ERC; para lo que se verá obligado a ir más allá de su articulado inicial, comprometiendo señalamientos y restituciones que no sean solo morales. Ello cuando el PP de Pablo Casado ha anunciado un recurso ante el Constitucional, y su derogación si llega a la Moncloa. En tercer lugar, se corre el riesgo de que la discusión entre 'memorias' potencialmente divergentes, reducidas además a su versionado partidista, haga de la Historia y de la investigación histórica algo totalmente opinable.