Griñán, togado y hundido

Debemos subrayar, de inicio, que la ejemplaridad pública nunca es demasiada. Sí es desmedida, por el contrario, la pertinaz teoría que preconiza equiparar una responsabilidad política y otra de carácter jurídico de manera equivalente, cuando su naturaleza y alcance son diferentes. La consecuencia inmediata de lo anterior es el hartazgo que produce en la ciudadanía solemnes declaraciones sustentadas en pretendidos códigos éticos de las organizaciones o, lo que es peor, intentar que un partido quiera imponer sus criterios a otro partido a su gusto. Estos textos abrazados como dogma, en ocasiones, si quisiesen llegar a ser norma 'erga omnes', tendrían problemas de encaje en nuestro ordenamiento jurídico. No diré que soslayan derechos, pero rozan el poste. La solución a la perniciosa conducta de utilizar la corrupción como arma para socavar la imagen pública y, en ocasiones también la privada, de dirigentes públicos no pasa por ahí. Si nos preguntamos qué impediría establecer en la normativa reguladora del procedimiento penal una suerte de medida cautelar clara que, de manera equilibrada, conjugue el legítimo derecho de defensa de cualquier cargo público, con el derecho constitucional a la participación política, la única respuesta plausible sería que nada lo impide. Constituiría, en todo caso, un ejercicio de transparencia y buena gobernanza definir un marco normativo que otorgase una más que deseable seguridad jurídica de manera equitativa. Fin a la eterna polémica de cuándo y por qué se debe dimitir, porque hoy la renuncia se asimila maliciosamente en demasía al reconocimiento implícito de un cierto grado de culpabilidad.

De vuelta a los ERE, esa responsabilidad aún de manera imperfecta, ya fue asumida y su máxima expresión fue la pérdida del Gobierno andaluz en 2018. Nadie duda que Pepe Griñán es una persona honrada. También podemos decir que los jueces han aplicado la norma que creían adecuada bajo el principio de 'mihi factum, dabo tibi ius', aunque para mí lo hayan aplicado equivocadamente. Más allá de esto, se antoja relevante si la norma penal también debiera ser o no modificada, porque una cosa es el error en la administración y otra bien distinta es apropiarse de fondos públicos. Ahí subyace la necesidad de una potencial reforma con agravamiento de penas inclusive, para este último supuesto. El tipo penal debe ser nítido y sancionar duramente a quienes se lucran personalmente, expulsándolos sin ambages del sistema político. Para José Antonio Griñán el debate llega tarde porque ha padecido una Justicia paradójicamente injusta. Basta preguntarse ¿qué función resocializadora cumple aquí la condena viendo entrar en prisión al expresidente cuando ya ha sido inhabilitado, máxime, cuando el paradigma de la rehabilitación del condenado sobre el que se cimenta nuestro Derecho Penal no concurre, so pretexto alguno?, ninguna. ¿Cumple la resolución con el esencial principio de proporcionalidad que debe informar una sentencia entre la conducta tachada como ilegal y el pretendido resultado lesivo? cuando no se ha retirado ni una sola ayuda sociolaboral a nadie, ni se hará, es más que discutible.

En resumen, si nada impide mejorar nuestro sistema para determinar la responsabilidad política y sus efectos. Si nada obsta tutelar de manera efectiva derechos que el cainismo de política del corto plazo, terminan fulminando. Si se puede mejorar nuestro sistema punitivo, ¿por qué no se hace? Ayudaría sin duda a que personas ya penadas, no vean convertido su castigo en una sanción degradante o inhumana atentatoria contra su integridad personal desde una perspectiva moral, que el Derecho, no es pétreo.