La ladera del Cerro de San Miguel: un parque para Granada

Pero la calidad paisajística y patrimonial del lugar se ve fuertemente perjudicada por el estado de conservación de esa ladera que cae sobre el Albaicín; en particular, la mitad situada más al Sur, hasta la Vereda de Enmedio en el Sacromonte. Se trata de un asentamiento de población irregular que se extiende fundamentalmente sobre terreno de titularidad municipal, donde hay un gran número de cuevas (muchas de reciente excavación) con terrazas delanteras que se han ido ampliando progresivamente, cercándolas con materiales de desecho, parcelando el suelo ilegalmente, cortando veredas históricas y obstruyendo el paso de los visitantes. La mayoría de las cuevas se enganchan irregularmente a los servicios de electricidad y agua potable y carecen de saneamiento; realizando vertidos incontrolados al terreno. Bastantes de ellas tienen un precario grado de fiabilidad estructural y el exceso de excavaciones parece estar poniendo en peligro la estabilidad de la ladera, que muestra deslizamientos en la escalera de subida desde la Cruz de la Rauda.

El lamentable impacto visual de esa especie de favela puede observarse desde algunos puntos de la ciudad, como Plaza Nueva, y sobre todo desde los miradores de la Alhambra y el Generalife; constituyendo un desgraciado remate de la vista del caserío albaicinero entre éste y la muralla nazarí.

Desde un punto de vista urbanístico, el vigente Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) señala este suelo como «afectado al sistema de espacios libres con excepcionales valores de carácter ecológico-ambiental»; en los que se ha de evitar la pérdida de sus valores naturales por la acción urbanística, y se ha de impedir cualquier forma de urbanización, edificación, uso o transformación que pueda suponer pérdida de tales valores.

Por su parte, en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, ese suelo está clasificado como suelo no urbanizable (denominado hoy suelo rústico) de especial protección ecológica de las cuencas de los ríos Genil, Darro y Beiro; con la subcategoría de parque rural, en el que ...se pretende conservar sus características naturales…»; y cita expresamente el «Parque del Cerro de San Miguel».

Y por ello el PGOU delimita para este ámbito un Área de Actuación (denominada Acción de Regeneración y Restauración ARR-1) cuya gestión debe hacerse mediante la redacción y tramitación de un Plan Especial.

Por su parte, el vigente Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Albaicín, califica esta área como «Zona de Servidumbre Arqueológica ZSA-5»; por lo que cualquier actuación en ella requiere informe previo del Arqueólogo Territorial (Artículo III.52.B.3).

Además, toda esta zona está declarada por la Consejería de Cultura como «entorno de BIC» por la proximidad del Bien de Interés Cultural Muralla Nazarí.

Vemos, pues, que se trata de un suelo fuertemente protegido por la normativa debido a sus excepcionales valores ambientales, patrimoniales y paisajísticos; y en el que se prohíbe cualquier uso que no sea el de conservación y puesta en valor de los mencionados valores. En consecuencia, resulta de lo más indicado su adecuación como parque periurbano del que pueda disfrutar toda la ciudad; evitando su privatización irregular que, por vía de hecho, pretende implantar y consolidar un uso residencial.

Y es que, como hemos dicho al principio, en un plazo de tiempo relativamente corto (15-20 años) se ha desarrollado un intenso proceso de ocupación ilegal ante la indiferencia de las administraciones competentes que no hicieron nada por evitarlo. El Ayuntamiento consintió la realización de parcelaciones, obras y enganches ilegales, y la Delegación de Cultura miró para otro lado ante excavaciones, aterrazamientos y construcciones incontroladas en un espacio declarado de riesgo arqueológico y entorno de BIC; declaración por la que esta administración cultural tiene la competencia (además del deber) de control y disciplina sobre lo que allí se actúe. Hace años sí hubo un intento de actuación municipal que, lamentablemente, fue instrumentalizado para la controversia y el enfrentamiento partidista; lo que anuló cualquier efecto positivo que dicha actuación municipal hubiera podido tener para la ciudad.

La mayor parte de ese suelo hacia el Sur de la zona (donde se sitúan las cuevas) es de titularidad municipal; y más recientemente el Ayuntamiento ha venido realizando una ardua y meritoria labor de investigación y depuración de las situaciones de ocupación que se ha ido encontrando, así como de impugnación de los casos que ha entendido como irregulares. Por otra parte, también ha analizado la situación social de algunos ocupantes en situación de vulnerabilidad a fin de poner remedio a ella y no agravarla por las necesarias actuaciones municipales de recuperación de ese patrimonio público.

Evidentemente, ese espacio debe ser recuperado para la ciudad y, en el mandato anterior, el Ayuntamiento dio el primer paso al encargar la redacción del Plan Especial requerido por el PGOU. Su Avance fue aprobado poco antes del cambio de Corporación y ya ha concluido el plazo de presentación de sugerencias.

El Avance prevé la extinción del uso residencial, la implantación del uso de espacio público abierto para todos y el aprovechamiento de sus valores paisajísticos con la creación de senderos, miradores y la recuperación de pasos que existían a través de la muralla para comunicar esa zona con el Sacromonte. También aboga por la delimitación de un área de tanteo y retracto, de acuerdo con los artículos 277 a 279 del Reglamento General de la Ley 7/2021 (LISTA). Esta delimitación capacitaría al Ayuntamiento para ejercer esos derechos; lo que pondría coto a maniobras especulativas que ya se observan en ofertas de venta de cuevas de la zona.

Desde Granada Futuro entendemos que es necesaria la creación de ese Parque Rural previsto por el planeamiento para la ladera de San Miguel, a fin de detener su progresiva degradación y ocupación irregular y entregarlo a la ciudad de Granada, para que sus habitantes y visitantes puedan disfrutar de sus altos valores patrimoniales y paisajísticos. Para ello es imprescindible que la actual corporación continúe el trabajo de la anterior, impulsando la tramitación del Plan Especial hasta su aprobación definitiva, mientras busca los fondos necesarios para su ejecución.

Aparte de ello, y como actuaciones inmediatas el Ayuntamiento debería:

• Retomar los expedientes disciplinarios que se incoaron en su momento por obras irregulares y que hubieren caducado, pero no prescrito.

• Inscribir inmediatamente en el Registro de la Propiedad la georreferenciación del suelo de titularidad municipal, a fin de evitar nuevas inscripciones en él por parte de terceros.

• Iniciar el procedimiento para la inclusión de la ladera de San Miguel en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía; a fin de evitar la prescripción de actuaciones urbanísticas irregulares. Esta inclusión se haría como Bien de Catalogación General, habida cuenta de los excepcionales valores históricos, paisajísticos, arqueológicos y de entorno de BIC; y procuraría una protección que su situación administrativa actual (entorno de BIC, con vigilancia de la Consejería de Cultura) no ha sido capaz de garantizar.