Granada, epicentro de la descomposición política

Siguiendo la peligrosa estela de corrupción política e institucional, ya ensayada con lamentable éxito en otros lugares e instituciones públicas del país, algunos actores secundarios de la política local granadina, sobrios en el consumo de pensamiento propio y sobrados de pereza mental, en estado de grave indigencia ética y apoyados en débiles convicciones democráticas, están escenificando un bochornoso, obsceno y preocupante espectáculo de descomposición política y desprecio a los valores democráticos ante el que no es posible ni la indiferencia ni el silencio. La irrelevancia intelectual y política de los mentados actores locales, lejos de restar gravedad a la situación, cuenta con la circunstancia agravante de actuar jaleados y avalados, entre bastidores, por sus respectivas organizaciones políticas nacionales. En todo caso, el insoportable hedor político que despide el actual desgobierno municipal de Granada, lejos de ser un asunto menor, anecdótico y supuestamente reversible, reviste una gravedad y evidencia unos niveles de degradación política, maltrato a los ciudadanos y desprecio a la democracia que bien merece una toma en consideración seria, reflexiva y responsable.

El Partido Popular, desalojado en 2016 del gobierno del Ayuntamiento de Granada por fundados indicios de corrupción, volvió al gobierno de la ciudad en 2019, renunciando voluntaria e inexplicablemente a encabezar la mayoría conservadora salida de las urnas y poniendo la Alcaldía, previo y oscuro intercambio de arras penitenciales entre los socios, en manos del tercer partido en las preferencias del electorado local. Dos años después, el mismo Partido Popular ha decidido abandonar el gobierno de coalición que había formado, hacer intencionadamente ingobernable el Ayuntamiento y bloquear la gestión de los asuntos públicos locales, para forzar así la recuperación de la Alcaldía de la que antes había abdicado. Su socio político, cabeza, tronco y extremidades de un gobierno incorpóreo, bracea angustiosamente asido a su personal botín, la Alcaldía, a la vez que mendiga alguna indemnización política y, confuso y aturdido como la rana de la fábula, pregunta con voz lastimera al escorpión por qué le ha picado, incumpliendo lo supuestamente pactado entre ambos.

La cuestión que ha de preocuparnos no es, sin embargo, el particular ajuste de cuentas entre el ingenuo batracio y el arácnido depredador, ni su encarnizada lucha por hacerse con la parte mollar del botín político en disputa. Lo grave y preocupante es que lo hagan a costa de una ciudad y con grave perjuicio del interés general de sus ciudadanos. Un gobierno municipal democrático y representativo, salido de las urnas y sometido, como todos los poderes públicos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9 CE), ha decidido «autocensurarse» en evidente fraude de ley, dinamitar arbitrariamente el gobierno del que formaba parte, buscar mayores cuotas de poder partidario al margen de los procedimientos legalmente establecidos para ello y acudir, consciente y explícitamente, a actos de fuerza y de chantaje político, abiertamente lesivos para el interés general de los ciudadanos a los que, por mandato constitucional, debería servir con eficacia y representar con dignidad. Por eso, lo que está ocurriendo en Granada es, al parecer de quien suscribe y sin paliativos, irresponsable, peligroso y extremadamente grave en términos democráticos.

Resulta engañoso plantear la cuestión en términos de incumplimiento de oscuros pactos, fraguados de espaldas a la ciudadanía, o de aislamiento político provocado y capacidad numérica para gobernar. La cuestión es de otra naturaleza y, desde luego, de mayor calado. La cuestión ya no es quién ha de ser, sino cómo y para qué queremos que sea. Estos actores, locales o nacionales, en escena o entre bastidores, que no han dudado en someter a Granada y a sus ciudadanos a una prolongada, humillante y degradante forma de proxenetismo político, carecen de la talla moral y política mínima exigible para gobernar en democracia y presentan niveles intolerables de peligrosidad social y toxicidad política. Ni ranas ni escorpiones. No hay ninguna razón para temer más a un Alcalde atrincherado y solo, dispuesto a sacrificar a sus ciudadanos en beneficio propio, que a unos políticos francotiradores, unidos y concertados para abrir fuego a discreción contra los intereses de aquellos a los que pretenden gobernar. Todos dan miedo y todos generan rechazo por igual.

La sufrida ciudadanía, económicamente débil y maltrecha, duramente castigada por una devastadora pandemia, abandonada a su suerte, indefensa y huérfana de representación, está viendo pisoteados impunemente sus derechos y sufre en sus carnes el humillante desprecio de sus gobernantes. ¿Puede ser el 'desgobierno' un instrumento legítimo para alcanzar posiciones de poder en democracia? ¿Puede atentarse impunemente contra los intereses generales de la ciudadanía para satisfacer intereses particulares o grupales? ¿Es moralmente admisible el recurso al 'cuanto peor mejor'? ¿Pueden los derechos de los ciudadanos ser instrumentalizados, condicionados o sacrificados, en luchas partidarias de poder? ¿Pueden ser utilizados los ciudadanos y sus derechos como instrumentos de lucha por el poder y como escudo protector del ejercicio arbitrario del mismo? La respuesta, Constitución en mano, es NO. Una democracia fuerte precisa de una buena gobernanza.

Resulta escandaloso el silencio cobarde de quienes, lejos o cerca de aquí, traficaron y trapichearon oscuramente con los intereses de Granada. No menos preocupante resulta que, a día de hoy, nadie se haya hecho cargo de este grave escándalo político, ni se haya ocupado de atajar la alarma social generada. Y sorprende, igualmente, que nadie haya percibido los riesgos y las graves consecuencias del creciente descrédito democrático y la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones representativas. En una democracia exigente, cuando los elegidos para gobernar no solo se muestran incapaces de hacerlo, sino que atentan abierta y directamente contra los derechos de los gobernados, poniendo en peligro el interés general que da sentido a su función política, deben sonar todas las alarmas, alguien debe dar explicaciones públicas y, sobre todo, alguien debe ocuparse en la tarea de desalojar a los usurpadores y devolver, cuanto antes y por cualquiera de los medios legales disponibles, el poder de decidir a sus legítimos depositarios: los ciudadanos.