Los pactos de la ignominia

El Club de la Constitución, cuyo fin es la defensa de nuestra Carta Magna, se dirige a los lectores del periódico IDEAL, con el objeto hacerles llegar nuestra opinión al respecto:

1.- Manifestamos que los acuerdos y desacuerdos contenidos en el documento suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts y la posibilidad de que los mismos pudieran tener su plasmación en futuras leyes, que reemplacen al ordenamiento jurídico actual, en nuestra opinión, son contrarios al espíritu de concordia, que dio lugar a la aprobación de nuestra Constitución de 1978.

2.- Expresamos el más enérgico rechazo a unos pactos que solo han perseguido reunir el número suficiente de escaños para obtener la investidura del candidato elegido, no solo en virtud del acuerdo firmado con el partido de Junts, sino también por los acuerdos firmados con los restantes partidos, que han apoyado al actual presidente y en documentos, que no han sido mostrados a la ciudadanía, tal como si se hizo con el firmado con Junts.

3.- Sin entrar en un análisis desde el punto de vista jurídico ni de expertos en Derecho Constitucional, de una simple lectura de nuestra Carta Magna aparecen vulnerados los siguientes principios:

-De legalidad y subordinación de todos los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

-De igualdad entre todos los individuos y los grupos en que se integran, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

-De seguridad jurídica.

-De tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales que conforman el Poder Judicial.

-De distribución equitativa de la renta nacional, en el marco de una política de estabilidad económica justa y solidaria entre regiones.

-De unidad jurisdiccional y de la exclusividad de sus órganos encargados del ejercicio de administrar la justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado; cuya independencia garantiza la Constitución y únicamente están sometidos al imperio de la ley.

4.- Instamos a los poderes públicos a que adopten las medidas pertinentes, incluso los recursos que legalmente procedan, ya sea ante instancias de nuestro propio Estado o de la Unión Europea, para defensa de los principios constitucionales que vemos claramente afectados y hemos sucintamente expuesto, así como la salvaguarda del Estado de Derecho que consagra la Constitución Española de 1978, a la cual mostramos nuestra inquebrantable lealtad y compromiso de defensa de los valores que propugna.

5.- Mostramos nuestro apoyo y total confianza en la labor de los estamentos del Poder Judicial y de sus integrantes (CGPJ, jueces y magistrados de todos los órdenes jurisdiccionales, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y funcionarios que la integran) así como a los servidores públicos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de la nación, por su constante defensa del Estado de Derecho.

6.- Finalmente, rechazamos de plano cualquier intento de llevar a cabo una consulta o referéndum entre los ciudadanos de una comunidad autónoma, que pudiera afectar a la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2 CE)

7.- Estamos profundamente preocupados por las negociaciones, que se llevaran en un país extranjero, al margen de la Cortes Generales y sin luz y taquígrafos, como si e trataran de dos naciones soberanas e independientes.

8.- También mostramos nuestra preocupación por la ruptura de la caja única de la Seguridad Social y de la reforma del sistema fiscal español, basado en la solidaridad entre los territorios, que forma la nación española.

Decidir que Cataluña se quedará con el cien por cien de los impuesto que recaudan, empobrecerá al resto del las comunidades autónomas, aumentará la brecha entre una comunidad rica, Cataluña, como ya lo ha hecho con las comunidades forales del País Vasco y Navarra, y las comunidades más desfavorecidas, todas las demás.

Encierra una confiscación de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, ya que se cobra por las empresas catalanas a sus clientes de otras comunidades Autónomas, los pagadores, y se ingresaría en destino, es decir, Cataluña, la recaudadora.