La ONU y los refugiados palestinos

La noticia, sorprendente por lo inusual, hubiera llenado los platós mediáticos con voces a favor y en contra, si no llega a ser por la decisión de la UNRWA de despedir de forma fulminante a los trabajadores acusados por Israel aportando pruebas irrefutables. Poco se sabía hasta ese momento de la agencia y sobre todo de la dimensión del apoyo que reciben los refugiados palestinos en Oriente Medio por parte de la ONU y de otras Organizaciones Internacionales.

La UNRWA que, desde su creación mediante la resolución 302 (IV) de 8 de diciembre de 1949 de la Asamblea General de la ONU, se ha dedicado de manera exclusiva a ofrecer apoyo de emergencia mediante el establecimiento de campamentos de refugiados para la puesta en marcha de programas de desarrollo con la población palestina, ha renovado sucesivamente su mandato convirtiéndose en una macroorganización que dispone de 30.000 trabajadores, 13.000 de ellos en Gaza. A pesar de que en los campamentos de refugiados palestinos coexisten una pléyade organizaciones no gubernamentales (ONG), curiosamente apenas hay presencia sobre el terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que es el organismo encargado de proteger a los refugiados y desplazados de persecuciones y conflictos. La razón es que los refugiados palestinos tienen un estatus especial y exclusivo ad hoc en el apoyo que reciben de la ONU a través de la UNRWA.

Esa diferenciación es importante porque a pesar de que ACNUR tiene su mandato especifico de ayuda al refugiado que busca su integración en el país que lo ha acogido, mediante la inclusión social y la eliminación de su estatus de refugiado, su reasentamiento en un tercer país o su repatriación cuando fuese posible; UNRWA, sin embargo, no persigue los mismos fines perpetuando su acción en apoyo de los campos de refugiados, lo que ha originado críticas a la actuación de la agencia.

Quizás por eso, lo que comenzó pocos meses después de la declaración de Naciones Unidas sobre la creación del Estado de Israel que desató la primera guerra árabe israelí y que supuso el exilio de unos setecientos mil árabes (no de todos), se ha convertido en un gigantesco compromiso exclusivo que atiende a seis millones de palestinos, un 17% de la población mundial de refugiada, según datos de ACNUR de 2022, distribuidos en cincuenta y nueve campos situados en cinco áreas diferentes: Gaza, Cisjordania (incluido Jerusalén Este) o desplazados en países de Oriente Medio (Siria, Líbano y Jordania).

De esa forma, desde la sede central situada en la capital jordana (Amann), se dirige la agencia que también dispone de oficinas permanentes de representación en Washington DC, Nueva York, Bruselas, Ginebra y El Cairo. La financiación de la UNRWA depende en un 89,2% de las contribuciones voluntarias de Estados fuera del presupuesto de la ONU y que en 2022 alcanzaron una cantidad de 1.170 millones de dólares a lo que hay que añadir las contribuciones de otras agencias de la ONU (como ACNUR) del presupuesto ordinario de Naciones Unidas, cifradas en 44,6 millones adicionales, y las procedentes de asociaciones privadas que sumaron 15,4 millones más.

A diferencia de lo que han hecho los principales países occidentales, España no retirará la ayuda financiera a la UNRWA tras descubrirse la implicación de sus trabajadores en los atentados del 7 de octubre. Nuestro país fue el decimo éptimo donante de la UNRWA en 2022 con 13,5 millones de dólares y en 2023 efectuó donaciones voluntarias a la agencia por valor de otros 18,5 millones, comprendidos los 10 millones del pasado mes de diciembre aprobados por el Consejo de Ministros, para triplicar la asistencia de cooperación y humanitaria a Palestina. El Gobierno español se ha comprometido a «seguir de cerca» la investigación que la propia UNRWA está realizando a sus empleados por colaborar con Hamás.

Si la ONU no toma medidas en el asunto, la situación podría volver a repetirse. Los campamentos de refugiados palestinos son un caldo de cultivo de rencor hacia el Estado de Israel. Según ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), una organización española, aconfesional e independiente que refuerza la relación entre España e Israel a través del trabajo conjunto con el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil, muchas ONG radicadas en Gaza y Cisjordania tienen como fin exclusivo la deslegitimación de Israel y cuentan entre sus miembros a personas que han sido miembros de organizaciones terroristas colaborando con ellas en actividades conjuntas de carácter logístico con especial hincapié en el establecimiento de ingeniería financiara para la captación de fondos que no pueden acceder de otra forma debido a las sanciones impuestas por la UE o los EE UU.

Ya en 2019, un Informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública de Israel desvelaba las relaciones de alguna de esas ONG que colaboran activamente con el Movimiento de Liderazgo palestino BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) como forma de presión no violenta sobre Israel, tanto con la Autoridad Nacional Palestina como con Hamás. El BDS es un movimiento palestino por la libertad, la justicia y la igualdad creado en 2005 y que tiene como objetivo instar a actuar a la Comunidad Internacional para presionar a Israel a través de campañas internacionales que fomenten su boicot (académico, cultural y económico) la desinversión y las sancionesespecialmente en el plano del comercio armamentístico.