Sánchez y el nuevo PSOE

El objetivo teórico de todos ellos era combatir la corrupción desalojando al PP del Gobierno; pero, en realidad, el denominador común que les unía es que Sánchez alcanzara el poder y con él todos aquellos que le apoyaron y que, de un modo u otro, podrían ver satisfechas sus aspiraciones y ambiciones personales. A partir de ahí, en una estrategia concienzudamente pergeñada, Sánchez comienza a desarrollar su plan:

Modifica los estatutos del partido para que el Comité Federal no pueda volver a destituir al secretario general (control central del partido).

Va eliminando a todos aquellos militantes que no son de su cordada e interviniendo activamente en la elaboración de las listas electorales (control periférico del partido).

Conforma un numeroso Gobierno cuyos miembros son seleccionados 'ad hoc' y cuya docilidad está garantizada (control del poder ejecutivo).

Va matizando su discurso progresivamente, incumpliendo promesas electorales y mintiendo con enorme cinismo que pretende combatir con un lenguaje eufemístico como el que exhibió Zapatero cuando, en una entrevista en Onda Cero, dijo con gran desparpajo refiriéndose a Sánchez: «No mintió, cambió de opinión». De este modo pretende atender las iniciativas y compromisos adquiridos con los partidos que le apoyan (control del poder legislativo).

Se modifica el lenguaje definitorio de los partidos. Ya no se habla de derechas e izquierdas, sino de partidos progresistas que gobiernan según reiteradas manifestaciones «para las clases medias y trabajadoras» y partidos reaccionarios (PP y Vox también llamados, en algún momento, antisistema) que son los responsables de todo lo malo (victimismo).

La entrada en las Cortes y en las instituciones de una serie de personas con escasa o nula formación y experiencia, sin más merito que ser amigos de Sánchez y sin un puesto de trabajo que les posibilite su regreso a la vida privada, conlleva la llegada a altos puestos de responsabilidad en importantes Instituciones: CIS, INE, CNI, Correos, embajadas y multitud de organismos y asociaciones y el consiguiente apoltronamiento en un trabajo cómodo y bien remunerado (nepotismo).

Los subsidios y las generosas subvenciones a ONGs, múltiples asociaciones y medios de comunicación afines afianzan al líder (red clientelar y control de parte del aparato propagandístico).

Comoquiera que hasta el momento no ha sido posible la renovación y el control del CGPJ, Sánchez legisla en contra de éste dificultándole el nombramiento de nuevos jueces. En su afán por controlar la Justicia logra que se designe en segunda votación (seis progresistas frente a cinco conservadores) a Cándido Conde Pumpido, de ideología progresista, que a su vez nombra vicepresidenta a Inmaculada Montalbán, de la misma ideología. Sánchez nombra a la exministra de Justicia Dolores Delgado Fiscal General de Estado y cuando cesa en el cargo ésta promueve en su sustitución a su amigo Álvaro García Ortiz, que a su vez asciende a Dolores Delgado a Fiscal de Sala, nombramiento que fue anulado por unanimidad por el Tribunal Supremo. La cosa no queda ahí, Sánchez nombra magistrados del Tribunal Constitucional al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a una alta funcionaria de Moncloa, Laura Díez Bueso. En paralelo, anima a sus huestes a que pregonen, de acuerdo con Puigdemont, la existencia de 'lawfare' en la Justicia española lo que agrava aún más su caótica situación en incrementa la inseguridad jurídica.

Mientras todo esto sucede, Sánchez, sin que exista urgente y extraordinaria necesidad, gobierna por decreto-ley (más de 140 hasta la fecha), con lo que evita el debate parlamentario o cierra temporalmente el Congreso como ha ocurrido alguna vez y desoye los informes del CGPJ y del Consejo de Estado.

Su ansia patológica por el poder, consciente de su fragilidad, le lleva a indultar a golpistas catalanes, derogar el delito de sedición, minorar la pena por malversación , desvirtuar el delito de terrorismo y, ahora, amnistiar a los golpistas, negociando con un prófugo de la Justicia, con el máximo oscurantismo (ellos le llaman discreción) una ley inconstitucional, porque sus votos son imprescindibles para mantener a Sánchez en el poder a cambio de nada (impunidad por siete votos), ya que los golpistas catalanes han aseverado que lo volverán a hacer.

Esa negociación, anticipada y prolongada en el tiempo, con un prófugo de la Justicia, en un país fuera de la Unión Europea, con la mediación de un salvadoreño experto en conflictos armados entre guerrillas produce el estupor y el rechazo de gran parte de la sociedad que se fragmenta en dos bloques (polarización política y social), al comprobar que la Justicia no es igual para todos, que España se humilla ante las exigencias y el chantaje de un delincuente, que se conculca la Constitución con interpretaciones torticeras, que el debate parlamentario en el Congreso se ha transformado en un tumulto tabernario y cómo se degrada el estado de derecho que cada día se acerca más a una autocracia social-comunista: el sanchismo.