Una felonía calculada & corrupción

Me pregunto: ¿ha conseguido esta ley la normalización política y social en Cataluña? Los independentistas dicen «lo volveremos a hacer» y ahora Puigdemont está exigiendo un referéndum de autodeterminación y a Illa se le ha cedido la gestión del 100% del IRPF, lo que acentúa la desigualdad entre Comunidades autónomas.

No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional carece de efectos prácticos sobre el veto del Tribunal Supremo al no aplicar la amnistía a Puigdemont y otros separatistas catalanes ya que no entra a valorar el delito de malversación. A tal respecto Puigdemont ya ha anunciado que el Tribunal Constitucional aplique medidas cautelares que neutralicen la orden de detención contra él que impidan la misma y así poder regresar a Cataluña.

En esta coyuntura y con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, Pedro Sánchez consigue un doble éxito: 1) que la Ley sea declarada constitucional con lo que 'cumple' el compromiso adquirido en las oscuras negociaciones llevadas a cabo por su mano derecha, el presunto corrupto encarcelado Santos Cerdán. Y, 2) Sánchez sigue contando con los siete votos de Junts, ya que Puigdemont continua dependiendo de Sánchez para intentar conseguir las medidas cautelares que le permitan su regreso.

La amnistía es «votos por poder» como apostilla Felipe González, una clara muestra de corrupción política.

Pero, como habitualmente sucede, una mala noticia tapa a otra. El encarcelamiento provisional, comunicado y sin fianza de Santos Cerdán decretado por el Tribunal Supremo ha producido el desconcierto en el sanchismo y puesto a hervir a todos los medios de comunicación.

Los grupos parlamentarios que apoyan a Sánchez se mueven entre el desconcierto con un postureo de apariencia crítica, el aferramiento a los sillones y la consecución de las expectativas partidistas que un Gobierno tan frágil ofrece.

El esperpéntico argumentario dictado por Moncloa es repetido por todos los fieles ministros como papagayos y generando una risa incrédula entre la gran mayoría de la sociedad que ya no compra tanta falacia ni confía en el gobierno.

Por su parte el presidente del gobierno tras un largo silencio comparece para dar unas escasas y pobres explicaciones: pide perdón y anuncia una absurda auditoría externa de las cuentas del partido –donde nunca aparecería una supuesta financiación ilegal– que a nadie satisfacen.

Su comparecencia ante el pleno del Congreso no ha podido ser más decepcionante y que se podría sintetizar en dos cuestiones: la creación de una agencia anticorrupción –un chiringuito más– y un plan de 15 medidas anticorrupción plagadas de inconcreciones y divagaciones. Todo ello para eludir la asunción de sus propias e inexcusables responsabilidades que otrora exigió implacablemente a Mariano Rajoy.

Cualquier primer ministro de un país auténticamente democrático habría dimitido y convocado elecciones generales. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿qué más tiene que ocurrir para que Pedro Sánchez se vaya?

Ante la sospecha de que se estuviera produciendo una financiación ilegal del partido, Sánchez convoca un comité federal en cuya inmediatez se descubre que uno de los hombres fuertes y más cercanos al presidente –F. Salazar– que iba a ser promovido para mayores responsabilidades orgánicas, es denunciado por acosador sexual y dimite.

Sánchez hace un guiño al feminismo reuniéndose con un colectivo de mujeres, –por supuesto fieles militantes–, y anuncia que modificará los estatutos para penalizar a los militantes que consuman prostitución.

Con este comienzo, el comité federal, en un clima general que recuerda las exequias, adquiere una deriva antidemocrática en la que algunos responden con exabruptos –Oscar Puente– a aquellos que expresan sus discrepancias –Page–.

Sin embargo, a lo largo de los años de gobierno Sánchez ha conseguido que «la gran industria política» que ha creado, –que no es más que la enorme red clientelar generada con subvenciones, presuntas corruptelas o practicando un nepotismo descarado–, responda con una fidelización fanatizada y lisonjera, incapaz de realizar con la mínima objetividad el análisis de los graves acontecimientos que amenazan a la democracia española y practique un seguidismo justificador y fiel al líder que nace de la gratitud por las mamandurrias o los abundantes subsidios recibidos propios de los gobiernos autocráticos.

La falacia, nada inocua, de llamar al Gobierno de «coalición progresista» que no se ocupa de resolver los verdaderos problemas de los españoles, no es más un eufemismo para no titularlo con su verdadero calificativo de «social-comunista». Sánchez y sus adláteres envían así el mensaje de que aliarse con la ultraizquierda es bueno, pero no admiten, en reciprocidad, que el mayor partido de la oposición pueda aliarse con la ultraderecha por lo que hay que evitar a cualquier precio que gobierne la derecha con la ultraderecha porque sería un gobierno regresivo.

Mientras tanto, jueces y magistrados siguen desentrañando el verdadero e ignoto alcance de la red de corrupción y a la espera del resultado de las ingentes investigaciones que la UCO va realizando sobre la enorme cantidad de pistas recogidas en las incautaciones practicadas y aportaciones de presuntos corruptos que han comenzado a colaborar con la Justicia y cuyas ramificaciones, en gran medida, están por descubrir.