España arde

Estoy seguro de que con toda probabilidad cualquier comentario que haga estará recogido en mayor o menor medida en los planes antiincendios que las distintas instituciones competentes habrán elaborado. Por consiguiente, no es mi pretensión exponer una pauta de actuación, para lo que no me siento cualificado. No obstante, hay algunas cuestiones que deseo plantear:

–Por qué los incendios se producen de una forma especialmente reiterada y virulenta en países desarrollados, es decir, ricos.

–Según las informaciones publicadas, el 95% de ellos –al menos en España– son provocados por la mano del hombre bien sea por negligencia, imprudencia, y en torno al 54% de ellos son intencionados.

–¿Qué objetivos buscan los pirómanos?

Concomitantemente con estas interrogantes, habría que preguntarse si todas las administraciones competentes tienen planes contra los incendios; si esos planes están actualizados, en la medida que el riesgo de incendios se incrementa año a año y si se aplican correctamente llegado el caso.

Si asociamos el binomio riqueza/incendios es inevitable considerar que tras el incendio intencionado se oculten intereses económicos, laborales, de distracción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado… etc.

El incendio de una zona de ubicación estratégica abre la posibilidad de cambiar la calificación del mismo y el terreno que antes del incendio era rústico –forestal– podría ahora calificarse de urbanizable con un nuevo destino: urbanizaciones residenciales, parques solares... etc., buscando un mayor beneficio económico.

España tradicionalmente ha sido y sigue siendo el país europeo con la tasa más alta de paro. Pues bien, los incendios son en sí mismos una fuente de generación de empleo y consumo de recursos. Por ejemplo, décadas atrás, en Andalucía no existía un grupo de profesionales para combatir los incendios. En 1995 se crea el Infoca, que hoy cuenta con unos 4.700 bomberos forestales. Si contabilizamos los del resto de comunidades autónomas el número se sitúa en torno a los 24.000. Pero este colectivo está demandando más recursos humanos y materiales, con lo que el gasto se incrementará aún más. Los medios de comunicación han publicado que un pirómano confeso manifestó que prendió fuego al monte porque no tenía trabajo.

Los incendios, además del daño ecológico, provocan situaciones muy críticas y una enorme alarma social ya que a la pérdida de vidas humanas y animales se suma la de bienes inmuebles y materiales que en muchos casos acaban trágicamente con un modo de vida y que insistentemente se ceban sobre lo que se ha venido en llamar «la España vaciada».

Por otra parte, en los incendios intencionadamente provocados, los pirómanos buscan que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dediquen su esfuerzo lógicamente a proteger a todo ese colectivo de ciudadanos que huyen despavoridos o intentan salvar sus haciendas. Ello facilita extraordinariamente que el crimen organizado, la delincuencia profesional o los narcotraficantes operen con mayor impunidad.

Nos encontramos ante un grave y complejo problema de consecuencias nefastas y de muy difícil solución, máxime cuando algunos responsables políticos utilizan los incendios para la crítica política. Así, el ejemplo dado por el ministro de Transportes, Oscar Puente, con unas manifestaciones insolidarias, cargadas de frivolidad irresponsable, resulta paradigmático. Si a ello le sumamos los incumplimientos de las promesas de ayudas económicas a los damnificados, como sucedió en 2022 con el tremendo incendio de la sierra de La Culebra, entenderemos el descontento ciudadano generado por la desconfianza. El Gobierno de España, cuando once comunidades autónomas son pasto de las llamas, vuelve a decir «si necesitan ayuda que la pidan».

Se dice frecuentemente que «los incendios se apagan en invierno», haciendo con ello alusión a la necesidad de proceder a la limpieza de los bosques en esa época, lo que sin duda sería una buena medida de prevención. Pero su aplicación práctica es difícil habida cuenta de que el 80% de los bosques son de propiedad privada y cuya rentabilidad ha ido descendiendo en la medida que no se está produciendo el relevo generacional. Siendo esto así, procede que el Gobierno promueva una política de incentivos que motiven a sus propietarios a cuidarlos. La misma actuación debe ser realizada en los bosques públicos.

Una medida que podría ser de utilidad es la detección precoz del incendio basado en las nuevas tecnologías.

La ley de montes establece grandes dificultades para cambiar el uso del terreno forestal quemado. Ello parece totalmente adecuado, pero podría revisarse para hacerlo prácticamente imposible.

Es imperativo revisar y fortalecer un plan de recuperación de las aéreas incendiadas y de ayudas efectivas a todos los damnificados.

Y finalmente, la revisión del código penal que endurezca de manera significativa las penas aplicables a los pirómanos y a aquellos que los inducen.