Espionaje, traiciones y conflictos de interés

La presidenta Ayuso se ha defendido de las acusaciones de Teo y Pablo, insistiendo en la legalidad del contrato que, por importe de un millón y medio de euros, celebró la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive, S.L., para el suministro de mascarillas al hospital de campaña de Ifema (1de abril de 2020). Lo que sí ha reconocido es que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, cobró 55.850 euros por gestiones relacionadas con la compra de las mascarillas en China. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue si dicha contratación dio lugar a los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y cohecho. Consideran que Priviet pudo actuar como 'sociedad pantalla' o testaferro. El contrato aparece firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, representando al Servicio Madrileño de Salud.

La situación de emergencia creada por la covid-19 permitió concertar esos contratos libremente. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid fue informado del contrato de marras en su sesión de 20 de mayo de 2020, pero no actuó como órgano de contratación ni como autorizante, sino como órgano receptor de la información suministrada en dación de cuentas. Por tanto, formalmente no es posible responsabilizar a la presidenta Ayuso ni a ninguno de sus consejeros de infracción de los deberes de abstención o inhibición que imponen al órgano de contratación –o a quienes intervengan en ella– la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la de Contratos del Sector Público (LCSP). Por su parte, el Código Ético de los Altos Cargos la Comunidad de Madrid y sus entes adscritos sólo considera incursos en conflicto de intereses a quienes vayan a adoptar la decisión (lo que excluye al Consejo de Gobierno y a la presidenta).

En una situación de emergencia lo primero es remediar el mal, contratando lo que sea menester (sin tramitar expediente e incluso verbalmente y sin crédito). Luego se rinden cuentas. Miles de contratos de emergencia se adjudicaron en el estado de alarma, pero esa vía de contratación es excepcional, opera en supuestos tasados y no arrambla con todas las normas y principios de la contratación pública.

La experiencia enseña que la relajación de las formalidades en situaciones de calamidad es vista como río revuelto; aparece ante los ojos de los oportunistas como un panal de rica miel. Muchas son las moscas y moscardones dispuestos a engordar su patrimonio, libando el rico néctar que se desparrama en situaciones de necesidad.

El contrato de las mascarillas con Priviet ha sido fiscalizado sin reparo por la Intervención y Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de modo que la presidenta Ayuso está en su derecho al afirmar que el contrato fue legal. Muchos le replican que, aunque lo sea, no es estético, ni ético, aduciendo que existe un conflicto de interés, por haberse adjudicado a un amigo de la familia Díaz Ayuso y porque fue Tomás, el hermano de la presidenta, quien cobró la comisión ya referida. Parece ser que también cobró otras comisiones de la misma empresa que, en principio, no estarían relacionadas con el susodicho contrato, según la versión de la propia presidenta, mientras que Pablo Casado afirma que «fueron 286.000 euros por recibir mascarillas».

El asunto debe investigarse, incluyendo todas las comisiones cobradas de Priviet por el hermano de la presidenta (cabos por atar). Según la prensa, la empresa jamás había contratado con la Administración y no se dedica al suministro de material sanitario, sino a la confección y venta de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora.

Es cierto que el hermano de la presidenta no figura como contratista. El artículo 71 de La LCSP prohíbe contratar a los parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de los altos cargos cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación. España ratificó en 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la cual obliga, entre otras medidas, a prevenir los conflictos de intereses, implicando también al sector privado y a la sociedad. El artículo 64 de la citada LCSP exige tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses, pero los define tomando el concepto, al pie de la letra, de las Directivas de contratación de la Unión Europea, y lo hace cargando las tintas sobre el personal que interviene o puede influir en la contratación. Su regulación es deficiente y en su literalidad no sería aplicable al caso que nos ocupa. El legislador peca de ingenuo y se queda con las ganas cuando dice que el conflicto de interés «abarcará al menos» la situación que describe, como si la locución adverbial tuviera patas. Deja al desarrollo reglamentario lo que no debe: decidir si los amigos de mis amigas son mis amigos, como en la canción de Objetivo Birmania. Pero no debe pasar desapercibido el inciso final del mismo artículo: «Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación». Ese deber atañe también a los particulares y no solo a quienes figuren como contratistas.

Recuerden la postura del PP cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó por unanimidad la querella que interpuso frente a Manuel Chaves por ratificar en Consejo de Gobierno la concesión de una subvención a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), siendo presidente de la Junta de Andalucía. Su hija Paula era asesora legal de dicha empresa, pero no durante el procedimiento de concesión, sino en el momento de la aceptación de la ayuda. Entonces, el PP defendió una proposición de ley para que todas las empresas que contraten con la Junta de Andalucía declararen qué familiares de altos cargos trabajan en ellas en «puestos decisivos».

Es un instrumento para que la verdad se abra paso, como pide García Egea, si así se quiere, porque hasta ahora el caso se presenta como un serial de traiciones y espionajes, de pasiones y ambiciones mal avenidas con la prudencia, clemencia y templanza; virtudes aconsejadas por Baltasar Gracián para la vida pública y privada. Benéfica sería la lectura de su obra para los modernos adeptos de Maquiavelo, que se inclinan por las tretas, asechanzas y traiciones, y por la mentira y la crueldad como armas políticas.