Hacia un balance sostenible

Numerosos pueblos aborígenes, más que sociedades civilizadas, han practicado un respeto ancestral por sus entornos y la creencia de que sus hábitats deben conservarse en el tiempo. La Naturaleza adoptaba la consideración de Madre fecunda que acoge y recoge a sus hijos proporcionándole un techo, una vestimenta y unos alimentos, y que esos presentes deberían perdurar de generación en generación.

Si ahora la preocupación por el estado de nuestro planeta es más acuciante se debe principalmente, más que a las consecuencias derivadas del cambio climático (la Tierra está en constante evolución), a que el ser humano ha traicionado sus raíces y ha pretendido doblegar el medio a su antojo. Por eso es preciso que se recupere el equilibrio para que las futuras generaciones puedan habitar este planeta, como mínimo, en las mismas condiciones que nosotros, algo que exige una corresponsabilidad temporal en el legado que dejemos.

Como «no hay un plan B», todos estamos llamados a reflexionar y actuar. Sin duda alguna, las personas debemos ser consecuentes de nuestras decisiones y actos, así como el universo de entes inmateriales que hemos creado artificialmente como organismos o personas jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades mercantiles.

Todas las declaraciones, compromisos, campañas, acuerdos internacionales como la Agenda 2030, etc. desplegados para concienciar de los riesgos y peligros que se corren resultarán en balde si no somos capaces de corregir nuevos hábitos y costumbres en cuanto al agotamiento de las materias primas y la adulteración de los ecosistemas. Son plausibles pero es preciso dar pasos muchos más decididos y audaces dirigidos a orientar, adaptar, modificar o reeducar nuestras acciones a partir del lenguaje que usamos para comunicarnos y relacionarnos. En este sentido, las empresas se muestran, analizan, comparan y expresan a través de los estados de cuentas, por este motivo el Movimiento La Huella Verde Granada (auspiciado por el tejido empresarial granadino) ha iniciado una labor ambiciosa para que la cultura de la sostenibilidad quede fielmente reflejada a la hora de formular las Cuentas de Explotación y/o el Balance de Situación de cualquier modelo de negocio.

Si, como postula el Código de Comercio de 1885, las Cuentas Anuales deben recoger la imagen fiel de una empresa, resulta evidente que aquellas empresas que apuesten por introducir criterios de sostenibilidad en sus inversiones o en sus cadenas de valor obtengan un rédito gracias a la posibilidad de activar operaciones contables o fiscales.

En los últimos años, la UE ha promulgado varias Directivas orientadas a regular la llamada Información No Financiera (EINF) o Información Sostenible. Al ser éstas de obligada transposición a la normativa nacional, el Gobierno de España aprobó la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad, cuyo objeto es el de establecer las pautas para la divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa que contribuya a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. A partir de ese momento, se les exige a las grandes corporaciones (progresivamente se incorporará el resto del tejido empresarial, como ya prevé la última Directiva UE 2022/2464) que incluyan en sus Informes de Gestión datos que reflejen sus compromisos en materias tales como la política ambiental, la social, la relativa al personal, al respeto de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como su relación con la sociedad además de identificar diferentes riesgos no financieros para prevenirlos.

Esta exigencia ha forzado la definición y baremación de indicadores de sostenibilidad factibles y rigurosos (la UE desarrolló en 2017 el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales, y también se cuentan con las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad emitidas por el European Financial Reporting Advisory Group), al tiempo que obliga a establecer protocolos que midan, evalúen y, en definitiva, acrediten el cumplimiento de las empresas en la consecución de acciones que incidan en la mejora de la eficiencia energética, en la promoción de la economía circular, en la recuperación de entornos naturales, en la reutilización de materiales, en una disminución en la explotación de inputs o en el consumo de los mismos, en el cálculo de Huella de Carbono y la Huella Hídrica, etc. Todo ello conlleva cambios progresivos en los procesos de producción y, cómo no, en las inversiones que aprueben los consejos de administración de las empresas.

Es por ello que sería muy deseable que las Administraciones Públicas habilitaran incentivos que estimularan la apuesta del tejido productivo en este sentido. Los subsidios pueden ser una opción pero siempre serán provisionales (las subvenciones deben ser ayudas ocasionales) pero ajustar la política fiscal o articular mecanismos o normas contables así como introducir criterios sostenibles en los procesos de licitaciones públicas o en la negociación de líneas de financiación preferentes son planteamientos mucho más determinantes que servirían de acicate para desarrollar y extender buenas prácticas de naturaleza sostenible.

Aunque ya se cuente con la Norma ISO 14001 que establece un marco para la protección del medio ambiente y la prevención de delitos ambientales por parte de las empresas (la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación del suelo, agua y aire o la deforestación) y que acarrea la implantación de sistemas de compliance ambiental para garantizar el que se cumplan las exigencias recogidas en dicha norma, se hace necesario que las empresas se conviertan en elementos tractores que susciten nuevos e innovadores procesos transformadores en la generación de sus cadenas de producción; más aún, que darles las oportunidades para desplegar estrategias con las que introducir en los mercados nuevos productos diseñados desde una concepción sostenible.

Junto al principio sancionador de 'quien contamina paga' debe acuñarse la idea generosa y justa de 'beneficiar a quien apueste por la sostenibilidad'. Unas recompensas que, con toda seguridad, serán más económicas para las arcas del Estado que la ingente cantidad de esfuerzos, recursos y tiempo que se destina actualmente en restituir los perjuicios sociales o medioambientales que se están ocasionando.

En cierta medida lo que se pretende es activar políticas preventivas que faciliten el que las empresas asuman la sostenibilidad como uno de sus principios rectores más que seguir incidiendo en habilitar medidas coercitivas y restrictivas que en la mayoría de los casos son saldadas pero que no provocan un cambio de mentalidad ni de acción.