La educación sigue suspensa

Las críticas por estigmatizada de la Formación Profesional (FP) en la Ley General de Educación de 1970 abogaron por una reforma que se incluiría en la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo 1/1990) pero, debido a su lenta implantación e insuficiencia presupuestaria, priorizó la ampliación hasta los 16 años de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con carencia de centros e infraestructuras y nada ausente de críticas e incomprensión por parte del profesorado. Fue una decisión política del gobierno socialista de Felipe González apoyada en la justificación de sus ideólogos principales Álvaro Marchesi y César Coll, quienes desde su modelo constructivista comenzaron defendiendo la necesidad de ampliar los niveles de escolarización y estudios de la población española iniciada con la Transición.

En la práctica se transformaron los antiguos Institutos de Bachillerato (IB) e Institutos de Formación Profesional (IFP) en Institutos de Educación Secundaria (IES) continuándose impartiendo en los colegios de EGB (Educación General Básica) aquel primer ciclo de la ESO (1º y 2º que normalmente corresponde a 12 y 13 años) durante este proceso de implantación ante la carencia de nuevos centros denominándose entonces SIES (secciones de IES), aunque aún existe excepcionalmente esta denominación donde solo se imparte la ESO si administrativa y académicamente pertenecen a otro IES matriz. En esta transitoriedad los maestros pudieron impartir los dos primeros cursos de la ESO y trasladarse a los nuevos institutos.

Esto supuso aplazar la necesaria reforma de la FP encaminada a facilitar la inserción laboral de los futuros trabajadores, tal como ya entonces se realizaba veinte años atrás en países de nuestro entorno europeo como Francia, Suiza, Austria o Alemania como país pionero a través de la denominada Vocational Education and Training (VET). Se optó en cambio por una medida social antes que formativa-profesional al monopolizar la ESO todos los recursos del sistema educativo situándonos a la cola de Europa. Se establecieron los Programas de Diversificación Curricular (PDC), sustituidos con la LOMCE (2013) por el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), en base a los ámbitos lingüístico-social y científico-tecnológico, para salvar el escalón por desfase curricular del alumnado con 15-16 años que no alcanzaría de otro modo la titulación en ESO.

Idéntico objetivo perseguían los Programas de Garantía Social (PGS), y a partir de la Ley Orgánica de la Educación (2006) los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que les permitiese acceder a los ciclos formativos de grado medio que comienzan a implantarse junto al grado superior a partir del RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones, estructurando la Formación Profesional en 26 familias profesionales. Hasta entonces los titulados accedieron al mundo laboral cursando los llamados módulos profesionales que experimental y circunstancialmente impartieron algunos centros adelantados a la implantación de la reforma. Una vez superados estos módulos se realizaba la fase de prácticas como Formación en Centros de Trabajo (FCT) sin carácter laboral ni relación becaria. No fue hasta RD 1529/2012, de 8 de noviembre, cuando se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual (FP Dual), mientras que en Europa el sistema Dual VET data de 1970.

Y llegamos a la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que introduce la Formación Profesional Básica (FFB) sustituyendo a los PCPI pero con una titulación propia teniendo como propósito reducir la tasa de abandono temprano del sistema educativo. España (23,2%) está muy alejada de los valores medios de la OCDE (42,5%) de adultos con titulación máxima en ESO, o título de FP de Grado Medio, lo cual conduce a la exclusión educativa y social si no se usa suficientemente como vía de salida la FP que sí utilizan otros países.

Por lo tanto, esperemos que la inversión anunciada ahora por la ministra Alegría con fondos europeos se centre en subsanar errores que se han demostrado sistémicos a modo de huida hacia adelante desde la implantación de la LOGSE. Porque no podemos pretender mediada la ESO que todo el alumnado tenga un perfil académico brillante, sino preguntarnos si el desfase curricular acumulado que le aboca al desinterés, desmotivación y falta de expectativas puede corregirse apostando desde ese momento por reforzar la FP Básica como otra opción digna más amplia y cercana de centros y familias profesionales que permita una continuidad en el sistema educativo y reduzca estructuralmente las tasas actuales de repetición (puesto que los datos evidencian que la promoción cuasi automática no es la solución), absentismo y abandono temprano.

Por supuesto que esta medida debe entenderse coadyuvante a otras tan reclamadas como la reducción de ratios en los agrupamientos ordinarios, desdoble de grupos y agrupamientos flexibles (profesorado de apoyo) que mejoren la deseada personalización e individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje, renovación y estabilización del profesorado o aquella tan evidente durante la pandemia como es la brecha digital del alumnado.

Sin duda, a pesar de la tasa de natalidad decreciente, este país necesita mejorar la calidad educativa para acercarnos a Europa con el anunciado pero inédito 5% del PIB: ¿Y cómo recuperar el tiempo perdido?