Vivienda, un desafío europeo

Con una carencia de 700.000 viviendas para cubrir la demanda existente, según datos del Banco de España, nuestro país está a la cabeza de los registros más negativos, a pesar de la Ley de Vivienda, el control de precios del alquiler, la implementación de zonas tensionadas y los límites a la vivienda turística. La construcción de vivienda nueva, que no llega a cubrir la mitad de la demanda existente, está lastrada por los plazos de desarrollo y calificación de suelo, que se mueven entre 10 y 20 años, frente a lo conseguido en países como Alemania, que han logrado reducirlos a 3 o 5 años. A la necesaria agilización de los trámites y simplificación burocrática para impulsar la construcción, como recomiendan los analistas del mercado inmobiliario, habría que agregar mayores incentivos fiscales, redoblar la seguridad jurídica de los arrendatarios y estímulos fiscales para los que pongan en el mercado edificaciones asequibles.

La administración pública en Dinamarca ha priorizado a los jóvenes ante este desafío, diseñando las casas con un tamaño relativamente reducido y espacios de uso compartido, logrando que la edad de emancipación sea de las más reducidas de la Unión. Otros países están intentando frenar la adquisición de vivienda residencial, gravando duramente la segunda vivienda, pero en España, según datos del IEE, la tributación efectiva sobre la vivienda en propiedad ya ronda el 30%, frente al 6,5% de media en la UE. Está en proceso de elaboración el Plan Europeo de Vivienda Asequible, que puede marcar las líneas maestras para atajar un problema que afecta a los Veintisiete que no contempla incluir medidas marcadamente intervencionistas como proponen algunas fuerzas políticas. Las políticas más eficaces para acercar en el mercado de la vivienda la oferta a la demanda y ajustar los precios pasan por la simplificación administrativa, la digitalización integral, la coordinación de administraciones y la fiscalidad asimétrica.