Veto militar a Israel

Aunque se trate de una deliberada protesta contra el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu por tierra, mar y aire –contempla la prohibición del tráfico aéreo y marítimo con armamento, y el acceso a territorio español de personas con delitos por crímenes de guerra–, sus consecuencias están por ver en el ansiado objetivo de poner fin al sufrimiento de la población civil palestina. Porque ese debería ser el propósito, y no otro. Para ser eficaces, medidas de este calado tendrían que ser apoyadas sin fisuras por la comunidad internacional y eso es algo aún lejos de suceder, a pesar del incremento de la presión a medida que el Ejército israelí persiste en su cruel asedio a la Franja.

El Gobierno de Netanyahu mantiene una sólida relación comercial con la UE –ayer Bruselas se puso de perfil ante la batería de medidas de Sánchez–. Además, podrá apoyarse en las bases de Estados Unidos en España para desarrollar sus maniobras militares y cuenta con el firme respaldo de Donald Trump, tanto para el envío de armas como a la hora de planificar un desalmado futuro en la Franja.

La primera consecuencia es que Israel y España se asoman a la ruptura de relaciones. La airada reacción del Gabinete de Netanyahu, con acusaciones al Gobierno PSOE-Sumar de «antisemita» y «corrupto», y una prohibición expresa de entrada al país hebreo a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, abre una crisis diplomática con el Ejecutivo español, que llama a consultas a su embajadora en Tel Aviv por las «calumnias». La legítima defensa esgrimida por Netanyahu para responder al salvaje atentado terrorista de Hamás en 2023 ha degenerado en un despiadado ataque a la población civil en Gaza. Entre «el exterminio de un pueblo indefenso» que denuncia Sánchez y la actuación «inadmisible» de Israel que ve Núñez Feijóo, debería existir un espacio de consenso más que suficiente en España para articular un mensaje conjunto de repulsa que aglutine a la inmensa mayoría de la sociedad, muy sensibilizada con el dolor palestino.