Restaurar la imagen de la Fiscalía

Álvaro García Ortiz renunció ayer a su cargo de fiscal general del Estado tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, que le condena a dos ... años de inhabilitación. Una dimisión tardía, pues debió producirse tras su imputación, a fin de proteger a la institución que dirigía de una crisis que sólo le incumbía a él mismo. El Estado de Derecho exige el sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la ley. La democracia se resiente desde el mismo momento en que existe una sospecha razonable sobre el incumplimiento de este principio elemental por parte de una institución del Estado. Durante el mandato de García Ortiz, la credibilidad de la Fiscalía se ha tensado hasta un extremo insostenible. No han ayudado las irresponsables declaraciones de algunos ministros, en las cuales acusan al Supremo de condenar sin pruebas al fiscal general —cuando todavía ni siquiera se conoce la sentencia—. Por ello, la necesidad de restaurar la imagen de la Fiscalía es hoy irrenunciable. La Comisión Europea alumbró el camino para una reforma en su último Informe sobre el Estado de Derecho de 2025, en cuya primera recomendación a España sugería nada menos que «reforzar el estatuto del fiscal general para garantizar su autonomía e independencia del Gobierno».