Presión a la universidad privada

El real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros que fija los requisitos para la creación de nuevas universidades supone un endurecimiento significativo, tanto ... en lo referente al número de alumnos, como en las obligaciones financieras y curriculares. El Ejecutivo pretende frenar la proliferación de universidades privadas a las que, con cierta frivolidad, ha llegado a calificar de chiringuitos, acusando a sus promotores de devaluar la calidad de la enseñanza. Desoyendo algunas recomendaciones, tanto del Consejo de Estado como del Ministerio de Economía y la Comisión de los Mercados y la Competencia, el Gobierno ha establecido la obligatoriedad de un mínimo de 4.500 alumnos matriculados, una oferta académica preceptiva y hasta un porcentaje del 10% de alojamientos para los futuros estudiantes. El aumento de la calidad es un objetivo encomiable, siempre y cuando no acabe encubriendo una limitación gubernativa a la incitativa privada. Los requisitos fijados ponen el acento en el número de alumnos y la oferta de títulos, dando por hecho que la cantidad es sinónimo de calidad. Una convivencia eficiente entre la universidad pública y la privada que aumente el deteriorado prestigio de algunos centros exige también la colaboración entre gobierno central y regiones.