No es normal
Ni el procesamiento del fiscal general ni, más allá, el cuestionamiento de los jueces por el Gobierno deben asimilarse en un Estado de derecho
Editorial
Sábado, 2 de agosto 2025, 22:50
La intensa actividad judicial, entreverada con la política, que vive el país ha registrado esta semana una anomalía democrática. No por el contenido del auto ... de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, sino por lo que significa que el fiscal general del Estado vaya a sentarse en el banquillo acusado de filtrar presuntamente información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Porque resulta insólito, a la par que inquietante, que quien dirige la acusación pública esté imputado por delinquir supuestamente. De ahí que no quepa asimilarlo como un ejercicio de normalidad en el desarrollo cotidiano del Estado de derecho, aun cuando el procedimiento esté respetando las obligadas garantías procesales y Álvaro García Ortiz tenga derecho a defenderse. Porque no es normal que esto ocurra –no lo ha hecho desde 1978, pese a todas las complejas vicisitudes atravesadas por el Ministerio Público. Y es la excepcionalidad del trance, justamente, lo que invoca a García Ortiz a apartarse de su puesto. Porque aunque no es lo mismo que sea exonerado a que sea declarado culpable, la mera investigación en su contra basada en indicios suficientes –es falaz que sufra una persecución– ya está induciendo una preocupante erosión en la entereza de la Fiscalía.
Tampoco puede interiorizarse como normalidad democrática que el curso político y judicial se haya cerrado dejando los ecos del cuestionamiento por el Gobierno de la acción de los instructores que investigan las causas vinculadas al entorno personal y partidario del presidente; y, por extensión, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los tribunales no son infalibles y la madurez del sistema permite evaluar críticamente sus resoluciones. Entre otras cosas, porque en nuestro Estado de derecho existen contrapesos, como han demostrado, por ejemplo, los límites a la instrucción del juez Peinado del 'caso Begoña Gómez' impuesta por la Audiencia de Madrid o que la Sala de Apelación del Supremo haya embridado la del magistrado Hurtado sobre García Ortiz. Y ha sido gracias a la UCO, a la Fiscalía Anticorrupción y el alto tribunal –no al 'in vigilando' político– que se han destapado las trapacerías de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Por todo ello,el síntoma más acusado de la anormalidad es que el presidente Sánchez y su Gobierno hayan dado a entender que son víctimas de 'lawfare, identificando a la Judicatura como un rival y no como otro poder legítimo del Estado.
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