Un disenso desgarrador
La reforma legal para obligar a las comunidades a asumir los menores migrantes requeriría habilitar muchas más unidades de acogida
Editorial
Miércoles, 10 de julio 2024, 23:20
La situación de los menores migrantes no acompañados volvió a quedar ayer, en la Conferencia Sectorial de Tenerife, a merced de la polarización partidaria dando ... lugar a la asunción solidaria de la suerte de 400. Ni la inexcusable prioridad de las necesidades de los recién arribados ni la política de Estado prevalecieron sobre cálculos de interés. Nada menos que 3.000 menores continuarán hacinados y sin la atención debida en instalaciones improvisadas fuera de la península. El Gobierno central recurre a un argumento aparentemente infalible. Dado que el reparto voluntario de la acogida de los menores concernidos ha resultado fallido hasta la fecha, es necesario reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para hacerlo obligatorio. Una lógica que puede servir para hacer de la cuestión otro tema de confrontación partidaria; de emplazamientos y reconvenciones entre Gobierno y oposición. Pero que se aleja de la solución. No solo porque el cambio legislativo requeriría que el Ejecutivo de Sánchez volviera a desentenderse de parte de sus aliados de investidura para alcanzar un acuerdo con el PP. El problema mayor reside en que si las comunidades de Canarias, Ceuta, Melilla o Andalucía se encuentran desbordadas por la afluencia de menores no acompañados, su traslado obligatorio al resto de autonomías sin que estas dispongan de centros y de equipos de profesionales preparados podría conducir a un efecto embudo.
El problema mayor es que es imprevisible hasta qué punto puede incrementarse el flujo de menores no acompañados de origen magrebí o subsahariano tan solo este mismo verano. A la par de que se implantase tal obligatoriedad sería urgente proceder a la habilitación de unidades de acogida suficientes, también ante un eventual 'efecto llamada'. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, apuntó ayer desde Ermua que la Administración central tendría que hacerse cargo de los menores no acompañados que las comunidades autónomas no se vean en condiciones de acoger. Tanto desde el punto de vista de la consolidación del Estado compuesto como en cuanto a las necesidades de esos menores, lo correcto sería exigir a Madrid los medios precisos para que las instituciones competentes en servicios sociales y en educación puedan asumir una responsabilidad que no deberían rehuir en ningún caso.
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