¿Cómo detener un genocidio? Es hora de imponer sanciones a Israel

Cada vez existen menos dudas de que las políticas y prácticas israelíes sobre la población gazatí se pueden catalogar como acciones que constituyen este grave crimen internacional. Así lo ha señalado Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados palestinos, en sus dos últimos informes, y de la misma forma lo ha entendido la Corte Internacional de Justicia que, en 2024, inició una investigación sobre esta cuestión a instancias de Sudáfrica, dada la existencia de indicios suficientes. También se entiende así desde la ciencia, lo que ha llevado a que 400 personas, dedicadas al estudio del genocidio y del holocausto, señalaran, sin dudarlo, la necesidad de terminar con la violencia genocida israelí contra la población palestina.

Mientras este genocidio se ha cobrado ya la vida de más de 60.000 personas, una gran parte del mundo asiste impotente a este drama y se pregunta qué hacer. Hay quienes esperan que desde la propia sociedad israelí surja un movimiento que detenga la masacre y ponga freno a las políticas de su gobierno. Sin embargo, los datos disponibles no alimentan tales esperanzas, puesto que recientes encuestas de opinión muestran que dichas políticas cuentan con un amplio respaldo de la población. Así, el 82% de las personas israelíes judías apoyan la expulsión forzosa de la población palestina y el 64% del conjunto de su población piensa que no hay personas inocentes en Gaza y justifica la violencia masiva contra ellas.

Desde el exterior, la comunidad internacional no ha sido capaz de detener el genocidio ni el deterioro de las condiciones en la que se encuentra la población gazatí, que siguen superando límites que no podíamos imaginar. Los mecanismos que tiene el sistema internacional para afrontar estas situaciones están constreñidos por el blindaje que EE UU y algunos países europeos siguen ofreciendo para la protección del gobierno israelí. Por esta razón, no ha sido posible tomar medidas coercitivas ni se han acordado sanciones significativas, más allá de algunas restricciones a las exportaciones de armas adoptadas por ciertos países europeos. Desde la Unión Europea, las declaraciones políticas que condenan la violencia contra la población civil no han ido acompañadas de medidas más contundentes que puedan influir en el cambio de políticas del gobierno israelí, y resulta llamativa la comparación con el caso de los crímenes internacionales cometidos por Rusia, que fueron rápidamente contestados con la imposición de sanciones. En el caso de Israel, dichas sanciones no se han producido, pese a que la UE mantiene un acuerdo de asociación que regula las relaciones con este país, en el cual se establece que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial para su mantenimiento.

Ante este panorama, parte de la sociedad civil internacional sigue trabajando para aumentar la presión sobre el gobierno israelí y detener la violencia contra la población palestina. Este trabajo, que busca que la imposición de sanciones aumente los costes del sostenimiento de las políticas genocidas para forzar su abandono, se desarrolla a través de dos líneas de acción paralelas. Por un lado, la línea interna, llevando a cabo una la labor de cabildeo político sobre sus propios gobiernos, abogando por un cambio en la política exterior para con Israel, con el fin de que cumplan con sus obligaciones internacionales de «prevenir y sancionar» el genocidio. En España, este trabajo ha sido liderado por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina y se ha materializado, por ejemplo, en la petición al gobierno de la imposición de un embargo al comercio de armas y de la ruptura de relaciones con ese país; una petición sostenida durante 20 meses con movilizaciones en las calles de nuestras ciudades.

Por otro lado, la línea externa de acción trata de influir directamente en las políticas israelíes, a partir del desarrollo de boicots contra productos, servicios y entidades de este país, o contra empresas e instituciones que sean cómplices de los crímenes de Israel. Unas acciones que se han intensificado en los últimos dos años y que han alcanzado a múltiples actores de sectores económicos, políticos, culturales y deportivos. Han sido especialmente visibles a través de las movilizaciones en los campus universitarios, que propiciaron la ruptura de relaciones académicas entre instituciones españolas e israelíes, como ha hecho la Universidad de Granada, o a través de las campañas contra compañías como Carrefour o Teva, que apoyan la existencia y el mantenimiento de las colonias israelíes en Cisjordania y el uso ilegal por parte de las empresas de los recursos naturales palestinos saqueados con fines comerciales, lo cual está tipificado como crímenes por el derecho internacional.

No cabe duda de que las generaciones futuras valorarán el comportamiento de la sociedad internacional y la tolerancia manifestada hacia los crímenes cometidos contra la población palestina. Mientras tanto, es hora de actuar para detener el genocidio en Gaza.