Más que una deuda tributaria
Editorial ·
Don Juan Carlos debe clarificar su situación, con el coste que ello implique, para restituir el crédito de la Monarquía parlamentariaSábado, 27 de febrero 2021, 00:50
El rey emérito ha regularizado una deuda tributaria de 4.395.901,96 euros que, según confirmó ayer su abogado, correspondería a «viajes y servicios» ... realizados a cuenta de la Fundación Zagatka, de la que es titular su primo Álvaro de Orleans-Borbón, señalado en su día por Corinna Larsen como el testaferro de don Juan Carlos. Es la segunda operación de este tipo –esta vez, en concepto de IRPF– formalizada por el padre de Felipe VI desde que el pasado 9 de diciembre atendiera a los compromisos contraídos y hasta entonces no satisfechos por ser receptor de una donación, por la que ingresó 673.000 euros en la Agencia Tributaria. Sería de desear que con ambas aportaciones haya saldado todas sus obligaciones con Hacienda. Pero el hecho de que no haya dado explicación alguna sobre los motivos y circunstancias por las que percibió en torno a 9 millones, aparte de su asignación pública, ni sobre el origen del dinero dispuesto para ponerse al día con el fisco concede verosimilitud a las informaciones que apuntan a la existencia de un mayor patrimonio opaco. Unas sospechas que no se disiparán, sino todo lo contrario, con su permanencia en Abu Dabi.
El solo temor a que puedan aflorar más deudas con Hacienda del emérito afecta a la Corona como institución, a quien la encarna –Felipe VI– y a la confianza de los ciudadanos en el Estado constitucional, en el que la ley debe ser igual para todos. La admisión implícita de que Juan Carlos I ha defraudado a Hacienda es incompatible con la ejemplaridad que cabe exigir a quien ha desempeñado tan alta magistratura. Junto a las responsabilidades que hubiese podido contraer como contribuyente, tiene el deber de clarificar su situación, con los costes que deba asumir personalmente, para hacer honor al papel histórico que ha jugado y restituir a los españoles el crédito que merece la Monarquía parlamentaria. En su defecto, corresponde a la Agencia Tributaria y a la Fiscalía General del Estado asegurarse de que, ante los interrogantes que genera su comportamiento, no haya más irregularidades ni delitos imputables a él.
El presidente Sánchez declaró ayer sentir «el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía ante estas conductas incívicas», al tiempo que expresaba su apoyo al actual Rey. España no está en condiciones de soportar por más tiempo un goteo constante de revelaciones a las que Juan Carlos I rehúsa siquiera responder y que hacen un flaco favor a la Corona que tan dignamente representa Felipe VI.
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