¿Teme Moncloa al pueblo?

Aunque el entonces ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, se colgó la medalla, fue Valera quien defendió con convicción que los ciudadanos debían poder juzgar a sus semejantes en causas de trascendencia penal. Y el PSOE presentó aquella norma como un logro progresista de primer orden, como una bandera de la modernización democrática.

Hoy, sin embargo, ese mismo PSOE, o al menos tributario de aquel, parece renegar de su criatura. Lo vemos en el empeño del Gobierno por evitar que la esposa del presidente Pedro Sánchez pueda ser enjuiciada por un Tribunal del Jurado, como si la institución que un día enarbolaron como conquista progresista se hubiera convertido ahora en una amenaza incómoda.

La contradicción clama al cielo. Desde Moncloa no han cesado las soflamas sobre el lawfare, acusando a jueces de conspiraciones y persecuciones políticas, pero, cuando se trata de permitir que los ciudadanos ejerzan el papel soberano que les reconoce la Constitución, entonces todo son maniobras para apartar al jurado del caso. Es decir: recelan de los jueces, pero tampoco quieren confiar en los ciudadanos.

El contraste con el caso Nóos es revelador. Entonces nadie dudó de que la infanta Cristina debía sentarse en el banquillo, ni de que su esposo, Iñaki Urdangarin –yerno del rey Juan Carlos I y cuñado de Felipe VI–, debía someterse al escrutinio público de la justicia. Y se consideró un triunfo del Estado de Derecho que así fuera. Se nos dijo, con razón, que nadie estaba por encima de la ley. ¿Lo estaba la hermana del Rey? No. ¿Y lo está ahora la esposa del presidente? De haber concurrido entonces la condición de funcionario público, desde el punto de vista estrictamente penal, y el tipo principal hubiese sido uno de los recogidos en el artículo 26 de la LOTJ el enjuiciamiento definitivo se habría realizado sin ninguna duda, no por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, sino por el Tribunal del Jurado como se llegó a proponer por el propio PSOE que entonces argumento que la ley se había quedado corta y que debería ser modificada para ampliar su catálogo

Un Estado de Derecho no se construye a la carta, ni se dobla según la conveniencia de quien gobierna. Se sustenta en principios sólidos: imperio de la ley, igualdad y responsabilidad de todos ante la ley. No hay espacios de impunidad ni privilegios de familia, por muy cercano que uno esté a la cúspide del poder político.

El Tribunal del Jurado simboliza mejor que nada esa igualdad: el pueblo, convertido en juez, para garantizar que la justicia no es monopolio de «élites togadas» (Pedro Sánchez dixit) ni objeto de cálculos partidistas. Tratar ahora de evitar su actuación en un caso de la máxima relevancia pública es dinamitar la esencia misma de la democracia que un día se presumió de fortalecer.

Por lo que observamos, con no poca perplejidad, el Tribunal del Jurado ha pasado de ser una conquista democrática a piedra en el zapato de Moncloa. La pregunta subsiguiente es incómoda, pero inevitable: ¿Teme Moncloa al pueblo?