Carta a Rabat

Desde la Conferencia de Algeciras de 1906 y el Tratado de Fez de 1912, que constituyó el Protectorado español de la zona norte de Marruecos, los problemas y efectos negativos para España, a lo largo de este último siglo, no han hecho más que agrandarse y empeorar, llegando incluso a sostener sangrientas guerras con tribus y kábilas que ocasionaron un abultado número de bajas para las tropas españolas. Baste citar el nombre de Annual (1921).

De poco ha servido verter tanta sangre española en el norte de África. Los sucesivos gobiernos españoles, incluso regímenes políticos diferentes, que han sobrevenido en el tiempo, no han tenido la habilidad de forjar una diplomacia y unas relaciones con el Reino de Marruecos que se basaran, desde el punto de vista español, en firmeza, claridad en las posiciones respectivas, y una defensa cerrada de los intereses y la soberanía sobre las posesiones españolas del Sáhara Occidental, Ceuta, Melilla, territorios adyacentes e Islas Canarias.

En 1956 el Gobierno de Franco, siguiendo al de Francia, se sumó urgentemente a la independencia de Marruecos sin exigir nada a cambio. Sin mediar ningún instrumento diplomático o Tratado que arrojara transparencia y seguridad para el futuro de nuestras posesiones africanas.

No nos extenderemos en la vergonzosa y vergonzante página histórica de nuestra retirada de la provincia del Sáhara en 1975/1976, con abandono de la población autóctona saharaui, hecho ni siquiera mitigado, en sus consecuencias adversas para España, con la mediación de la ONU ni la presencia de la Minurso.

Perdimos –o abandonamos– ese territorio sin que la diplomacia española hiciera ningún esfuerzo en obtener de la Monarquía alauita, a cambio, garantía alguna de respeto a nuestra integridad territorial, ni ninguna ventaja económica o de otro tipo.

Nuestros gobiernos de la etapa democrática tampoco han sabido –o querido– entretejer unas relaciones hispanomarroquíes bajo planteamientos modernos y actualizados, desacomplejados, sin tolerar chantajes ni coacciones, sin admitir presiones ni nada de lo que ahora llaman 'guerra híbrida' (piénsese en la entrada furtiva de nueve mil menores marroquíes en Ceuta, en mayo de 2021, alentados por sus autoridades), como corresponde a la posición y nivel de la España democrática, miembro de la UE y de la OTAN. Por cierto, la abulia diplomática de España llega a no alcanzar que este último organismo cubra eventuales agresiones a las dos ciudades autónomas españolas del norte de África.

En los últimos años, Marruecos, colocándose en posiciones hostiles y adoptando medidas nada amistosas ni de buena vecindad con España, ha desarrollado una decidida política expansionista, de hostigamiento y presión sobre la tradicional y arraigada posición española respecto al Sahara: defender un referéndum de autodeterminación para la población saharaui de acuerdo con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de NN UU. Además, y a la vez, Marruecos ha conseguido inteligentemente de EE UU –frente a España– el 'status' de socio preferente en el Magreb; ha modernizado ampliamente su arsenal armamentístico y sus Fuerzas Armadas, y asfixia a Ceuta, Melilla y las Canarias cerrando fronteras, aduanas y extendiendo abusivamente las aguas de su zona económica exclusiva sin reacción alguna del Gobierno socialcomunista.

No obstante, todavía se podía empeorar la situación para los intereses españoles: Sánchez dirige una carta a Rabat. Un incomprensible, inesperado y arriesgado texto, mal redactado y peor formulado desde el punto de vista del Derecho español e internacional. Los españoles tenemos que dar gracias a la Casa Real marroquí por habérnosla dado a conocer, a lo que nuestro presidente no se dignó.

Muchas dudas, sombras y preguntas, de fondo y forma, provoca la epiléptica decisión personal de Sánchez. No sólo puede cuestionarse su oportunidad desde el punto de vista político, sino también su conformidad con la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico, normas que regulan las competencias de los órganos del Estado en materia de relaciones y obligaciones internacionales derivadas de tratados y acuerdos y que, según ello, en mi modesta opinión, la misiva 'sanchista' podría incurrir en vicio jurídico fundado en haberse adoptado 'ultra vires'.

Empero lo más lesivo de la carta de Sánchez es que hay cesión, entrega, abandono de los intereses españoles y no hay correspondencia de la otra parte. No se arrancan garantías para nuestros compatriotas de ultramar, ni para los más cercanos ni para los más distantes. Lejos de considerarla un éxito, la carta, aun con buenos ojos, expresa debilidad, vulnerabilidad; sienta un nefasto precedente en relación al 'amigo' marroquí. Los españoles requerimos una explicación –y exigencia de responsabilidad– por decisión tan temeraria.