Los padres y las madres están muy preocupados con la vuelta a las clases de sus hijos e hijas. Mucho más cuando, salvo algunos detalles ... que leen estos días en la prensa, no conocen el protocolo de actuación para evitar contagios en las aulas. Digo el protocolo por no decir los protocolos, porque deberían ser ya variados y públicos los elaborados por las comunidades autónomas en función de la evolución de la pandemia al comienzo del curso, tenga lugar este a primeros o a mediados del mes de septiembre. No es así, ni mucho menos. La gran mayoría de los gobiernos autonómicos no han hecho su trabajo desde junio hasta ahora y nadie sabe a ciencia cierta cómo actuar.
Sorprendentemente, tampoco los profesores y las profesoras. Quedé 'ojiplático' cuando dos amigos docentes me comentaron estos días que aún no habían recibido información alguna acerca de este tema. Una, profesora de Infantil, comienza el curso con el día 1 de septiembre, y el otro, profesor de Secundaria, comenzará sus clases el día 15. Ninguno de ellos había recibido un solo correo electrónico de la Consejería de Educación con directriz alguna, por genérica que esta fuera. Algo, en mi opinión, de extrema gravedad y que delata una muy preocupante dejación de funciones de los responsables políticos y técnicos andaluces en particular y del resto de autonomías en general.
Creo que justificar tal circunstancia con la imprevisibilidad de la evolución de la pandemia y las futuras reuniones con el Gobierno central es tomar a la ciudadanía por imbécil. La técnica del despiste que ya denunciaba desde esta tribuna la pasada semana con las nuevas prohibiciones y restricciones de la libertad de las personas -medidas la mayoría de ellas populistas e ideadas por publicistas cara a la galería- tendrán muy poco recorrido. Porque las verdaderas acciones que se esperan de nuestros gobernantes son las que cuestan dinero y ponen las cartas boca arriba sobre sus intereses ideológicos y partidistas, de gran impacto –éstos sí– en nuestras vidas. Tendrían que haber decidido hace ya un par de meses qué nos interesa más, si fortalecer la educación concertada o desdoblar la pública con la contratación de miles de profesores para bajar drásticamente la ratio de alumnos por aula; si dejar en manos de la iniciativa privada el rastreo de nuevos contagios por la covid-19 o contratar mediante empleo público los tan necesarios rastreadores; si dejar la prestación de determinados servicios sociales, como las residencias de ancianos, al capital privado, o dar de una buena vez la financiación pública necesaria a la depauperada Ley de Dependencia; dejar que la mala hierba cubra los hospitales públicos acabados, ya inaugurados y cerrados sine die, o abrirlos como así demanda el más básico sentido común en las actuales circunstancias.
Son decisiones puramente políticas, y la población ha de saberlo. Así lo deslizó el otro día el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su Ejecutivo no volverá a caer en la trampa de dirigentes autonómicos tan destacados e incompetentes como la de la Comunidad de Madrid o el de la Generlatitat de Catalunya, avezados trileros y probados zoquetes políticos. El mensaje es claro: «Pónganse a trabajar ustedes, sus consejeros y sus decenas de técnicos de confianza». A su disposición ya están el estado de alarma territorial, 2.000 militares para lo que ustedes gusten y, de inicio, 16.000 millones a fondo perdido, por ejemplo, para la contratación de profesores. Salvo que algunos piensen que la Constitución previó el Estado autonómico como un traje que se pone y se quita en función de los intereses espúreos y las inestables capacidades intelectuales y políticas de los líderes territoriales. Pues no, la Constitución es lo suficientemente clara al respecto en su Título VIII, por mucho que jueces y tribunales se empeñen en enturbiarla con decisiones rayanas con la prevaricación, en su afán –muy español- de entreverar sus resoluciones con la propia ideología.
Así que, señoras y señores, aunque pueda ser ya demasiado tarde, aún es posible que su trabajo nos acarree algún beneficio al resto de la ciudadanía. Contraten profesores ya, desdoblen las clases ya, adecúen sus centros educativos ya, preparen a su personal docente ya. Y si ustedes no saben hacerlo, dimitan, regresen al ejercicio de sus verdaderas profesiones y pasiones –si las tienen- y dejen de ser lo que ahora son: un lastre.
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