Caer en la trampa de la red

El anonimato permite observar el fenómeno de las agresiones sexuales desde un prisma hasta ahora imposible de conocer por otro tipo de técnicas: se trata de una investigación ética basada en la escucha y la empatía, que evita la revictimización y la reconstrucción narrativa dolorosa a las víctimas menores de edad. Y tras este proceso, ¿con qué relacionamos el crecimiento de un fenómeno tan alarmante? Pues claramente con el uso de internet y el acceso a la pornografía sin ningún tipo de control parental.

Hay que decir que cuando un menor de edad, que está en pleno proceso evolutivo, accede a contenidos pornográficos en los que se degrada a la mujer, se la utiliza como un objeto y se la maltrata, esto le va a generar un grave perjuicio en su propio desarrollo cognitivo. Llega a creer que ese tipo de comportamiento puede gustar a la mujer, lo cual le resta la capacidad de poder ser empático con la víctima que está siendo agredida. Por tanto, desde la Fundación ANAR consideramos esencial regular de manera eficaz el acceso de los menores de edad a las páginas de pornografía y a cualquier contenido que pueda ser negativo para nuestros menores de edad en su propio desarrollo. No solamente el acceso a la pornografía sino también en relación a la conducta suicida o las autolesiones.

Pero del I Estudio sobre Abuso Sexual en la Infancia y la Adolescencia se derivan también otras conclusiones: como que en el 22% de los casos la tecnología ya está implicada en el abuso. O que a lo largo de una década han empeorado todos los parámetros analizados: duración, frecuencia, gravedad de las agresiones. Y el único parámetro que se mantiene es la urgencia de actuación, que sigue en los niveles más altos.

Las víctimas de agresiones sexuales son en su inmensa mayoría mujeres (78,3%), con mayor riesgo en la edad adolescente (de 13 a 18 años). El 69% de las víctimas tuvo que soportar que abusaran de ellas en varias ocasiones y hubo violencia física o intimidación en más de la mitad de los casos y especialmente hacia las mujeres cuando llegan a la adolescencia.

El 80% de los abusos no deja marcas, lo que deja a las víctimas sin más prueba que su propio relato. El 43% pensó en denunciar pero su entorno falla porque el 37,8% lo niega, un 31,1% lo justifica, el 23,9 no hace nada y el 7,2% culpa a la víctima. Eso provocó que solo el 10,6% tuviera fuerza para poner una denuncia. Para colmo, se archivaron dos de cada diez casos denunciados por falta de pruebas. No nos damos cuenta de lo solas que están las víctimas. ¿Qué tienen que hacer para que la sociedad reaccione y las crea?

Los adultos responsables de ellas debemos estar atentos a síntomas como cambios bruscos de ánimo, síntomas psicosomáticos (como dolor de tripa, de cabeza, etc.), conocimientos sexuales no adecuados para su edad y agresividad.

Es fundamental que la sociedad cuente con protocolos de protección a la infancia y la adolescencia a la hora de abordar el tratamiento informativo de cualquier noticia o suceso en que estén implicados menores de edad, cumpliendo estrictamente el principio de confidencialidad, evitando dar datos que permitan identificar a las víctimas y sus familias, tales como población, nombre u otros detalles que faciliten o favorezcan la estigmatización, el acoso, el juicio popular y las consecuencias psicológicas y sociales que todo esto tiene para ellas.

La innecesaria especificación de detalles escabrosos solo contribuye al tratamiento morboso de la información, la retraumatización de la víctima y el posible efecto llamada para otros agresores dispuestos a replicar el procedimiento de captación y abuso. Y la revictimización disuade a nuevas víctimas de denunciar, lo que aumenta la vulnerabilidad de las menores de edad.

La víctima nunca es responsable del abuso o agresión sexual sufridos. Menos aún cuando se trata de menores de edad que, independientemente de su edad, por su propia condición, se hallan en una situación de vulnerabilidad. Pero cuando los agresores son menores de edad, no olvidemos que también merecen respeto a la confidencialidad de su identidad y la presunción de inocencia, tanto ellos como sus familias.

Y junto a medios y profesionales, los ciudadanos tenemos también una responsabilidad. Evitemos favorecer la difusión de conductas que atentan contra la integridad física y moral de las mujeres, los juicios populares y la banalización de la violencia en todas sus facetas.

Con su Estudio sobre Abuso sexual, la Fundación ANAR ha querido precisamente dar voz a las víctimas para legitimarlas y visibilizar que la agresión sexual es un hecho mucho más frecuente de lo que podamos esperar. Y para que se puedan fundamentar políticas que permitan prevenir, detectar y dotar de los servicios asistenciales necesarios para reparar el daño a las víctimas y generar los cambios legislativos precisos que pongan fin a esta lacra. Todos tenemos responsabilidad y debemos ser parte de la solución.