Asignatura pendiente

Decisiones políticas que generan dudas en expertos sanitarios y que quizás obedezcan a un deseo de muchos de encontrar la añorada normalidad y chocan con el miedo y la desconfianza de otros muchos a exponerse a una situación que continúa existiendo y que ha venido exigiendo un nivel de responsabilidad personal para hacer frente a la protección de la salud de cada uno de nosotros desde hace ya dos años.

Esta normativa deja en manos de los departamentos de salud laboral de cada empresa la decisión final sobre en qué espacios se deben usar obligatoriamente las mascarillas o si no deben usarse. Por ello habrá empresas en las que se decida continuar llevando la mascarilla en sus instalaciones y otras en las que en función de cuestiones que no son tanto preventivas como de marketing comercial se decida eliminar su uso por parte de quienes lo deseen, exponiendo al resto de trabajadores a evidentes riesgos y a un deterioro del clima laboral propiciado por una precipitada retirada de un instrumento que viene a constituirse con un EPI para muchas empresas, y sin haberse aún afrontado la situación de tantos casos de Covid persistente y sus consecuencias laborales para quienes lo sufren, o sin haber incidido en la evaluación y prevención de los casos de salud mental que han aflorado también derivados del estrés, precariedad, y condiciones laborales organizativas que pusieron por delante la productividad a las personas trabajadoras.

Desde UGT creemos imprescindible ser prudentes, a la vez que urge una modificación en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que tiene ya más de 25 años para actualizarla y adaptarla a los riesgos de la situación actual, donde la incidencia de los riesgos psicosociales como los infartos y los derrames cerebrales son la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo, y que están relacionados con el clima y el estrés laboral, derivados sin duda de la organización del trabajo en los centros laborales.

UGT está trabajando y reclamando al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral donde acordar medidas urgentes para reducir la incidencia de los riesgos psicosociales. Las empresas no están impulsando la prevención real en los centros de trabajo y la Inspección del Trabajo adolece de recursos por lo que UGT apuesta por la creación de la figura del delegado de prevención territorial para las empresas en las que no hay representación sindical, y por la dotación de recursos a los Organismos Inspectores para garantizar entornos laborales seguros y libres de riesgos.