Entre el antisemitismo y la crítica legítima

En este contexto, emerge con fuerza un nuevo punto de fricción: el conflicto con Irán, país al que Israel acusa de estar desarrollando armamento nuclear con fines ofensivos. Esta sospecha ha servido para justificar una serie de operaciones encubiertas, sabotajes y una abierta de intervención militar preventiva. El problema es que esta postura se sostiene sobre una base frágil, tanto desde el punto de vista legal como ético.

Israel es, según estimaciones no confirmadas oficialmente –porque nunca ha firmado el tratado de no proliferación nuclear–, el cuarto país con mayor arsenal nuclear del mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia y China. Se calcula que posee entre 80 y 300 ojivas nucleares. Este desarrollo fue llevado a cabo de manera clandestina, a menudo burlando los controles internacionales y, según revelaciones de exfuncionarios, ocultándolo incluso a su principal aliado: Estados Unidos. En este sentido, el argumento de que Irán representa una amenaza existencial por aspirar a lo que Israel ya posee –y en cantidad significativa– pierde parte de su legitimidad.

Pero más allá del debate sobre la hipocresía estratégica, lo que está en juego es algo mucho mayor: la estabilidad regional y global. El ataque israelí a Irán, si se complementase con una intervención militar estadounidense –como ha sucedido–, podría desencadenar una reacción en cadena. Los aliados de Irán –entre ellos milicias regionales como Hezbolá, y potencias como Rusia o China– podrían responder de forma activa o indirecta. Y en un mundo ya fragmentado por múltiples frentes de tensión, el riesgo de que un conflicto local escale a una guerra de mayores proporciones no es descartable.

A esto se suma la creciente indignación en el mundo árabe por las acciones militares de Israel en Gaza y Cisjordania. Las imágenes de civiles muertos, hospitales bombardeados y barrios reducidos a escombros han reforzado la percepción, incluso en países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, de que las operaciones sobre Palestina no solo son desproporcionadas, sino moralmente insostenibles. En este clima, un nuevo conflicto, ahora con Irán como objetivo, terminará descuartizando los equilibrios diplomáticos construidos con años de esfuerzo.

Sin embargo, cada vez que se alzan voces para cuestionar esta política, no falta quien acuse a esos críticos de antisemitismo. Es una estrategia retórica delicada, porque al utilizar un término tan cargado histórica y emocionalmente para silenciar el disenso, se corre el riesgo de banalizar su verdadero significado. El antisemitismo existe, y sigue siendo una amenaza real. Pero no todo cuestionamiento a Israel –como tampoco lo es a cualquier otro Estado– implica odio étnico o religioso. En ocasiones, lo que hay es simplemente una exigencia de coherencia, legalidad y justicia.

Negar la legitimidad del Estado de Israel es inadmisible. Pero tampoco puede negarse la legitimidad del pueblo palestino a existir y a vivir con dignidad. Ni puede ignorarse que muchos de los que critican a Israel lo hacen desde un profundo compromiso con los derechos humanos, y no desde el prejuicio. De hecho, una parte creciente de esa crítica proviene del propio seno de la sociedad israelí y de comunidades judías en el exterior que no se sienten representadas por las políticas actuales de su gobierno.

Uno de los aspectos más problemáticos en la narrativa nacionalista israelí es la noción, heredada de ciertas interpretaciones religiosas, de que el pueblo judío es el «pueblo elegido» por Dios. Aunque no todos los israelíes suscriben esta idea –y muchos la consideran incluso peligrosa–, ha sido utilizada por sectores radicales para justificar políticas expansionistas y exclusivistas.

Pero si Dios existe, es inconcebible pensar que bendeciría a un solo pueblo por encima de los demás. La divinidad, si ha de tener algún sentido en el siglo XXI, debe ser universal, no sectaria. La fe no puede ser excusa para violar derechos, masacrar poblaciones ni perpetuar un conflicto que ya ha desbordado los límites de la razón.

El riesgo, entonces, es que la acusación de antisemitismo se transforme en una herramienta de inmunidad diplomática. Y cuando esto ocurre, se deja sin espacio al debate, a la denuncia razonada, e incluso al análisis geopolítico. Las democracias deben proteger a sus ciudadanos del odio, pero también deben proteger el derecho a la crítica, especialmente cuando se trata de cuestiones tan graves como la guerra, el armamento nuclear o las posibles violaciones al derecho internacional.

El conflicto con Irán no puede analizarse solo desde la perspectiva israelí. También hay que considerar las dinámicas de poder global, la historia de la región, y el derecho de todos los pueblos a vivir sin miedo a una guerra que no han elegido. En un mundo cada vez más multipolar, imponer una narrativa única sobre quién es la víctima y quién es el agresor no solo es inexacto, sino peligroso.

Si realmente se quiere evitar un conflicto de gran escala, será necesario desactivar no solo los arsenales, sino también las ideas absolutas. Entre ellas, la de que cualquier crítica a Israel es antisemita, o que el derecho de defensa justifica cualquier acción. Lo contrario sería perpetuar una lógica de excepcionalismo que ya ha demostrado ser insostenible.

* Antonio Gil de Carrasco ha sido director de las sedes del Instituto Cervantes en El Cairo, Tel Aviv, Damasco y Beirut